Propuesta de Reglamento sobre contratación pública y concesiones (Public Procurement Act) — COM(2026) 590
El pasado 9 de septiembre de 2026, la Comisión Europea publicó la propuesta de Reglamento sobre contratación pública y concesiones (Public Procurement Act), con la que pretende sustituir las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE por un único reglamento directamente aplicable en todos los Estados miembros. La iniciativa afecta a un mercado que representa aproximadamente el 15% del PIB de la UE, con más de 46.600 poderes adjudicadores y cerca de 173.000 empresas, y supone un cambio de paradigma: la contratación pública pasa a concebirse como instrumento estratégico para la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la seguridad económica europea.
Entre las principales novedades destacan el paso de tres Directivas a un único Reglamento (lo que obligará a revisar en España el papel de la LCSP), la simplificación de los procedimientos en tres grandes categorías, y el refuerzo del criterio de mejor relación calidad-precio (BPQR), elevando el peso mínimo de los criterios cualitativos al 30% hasta el 50% en contratos intensivos en mano de obra. Se introduce además, por primera vez, un marco de preferencia europea ("Buy European") y se consolida la digitalización mediante un ecosistema digital europeo de contratación y el principio "once only", que evita duplicar documentación en futuras licitaciones.
La propuesta incorpora también un régimen específico de seguridad económica y resiliencia de las cadenas de suministro para entidades críticas, criterios ambientales obligatorios en determinadas categorías de contratos, y un refuerzo de la contratación social, incluyendo accesibilidad universal y contratos reservados para colectivos vulnerables. En gobernanza, cada Estado miembro deberá designar una autoridad nacional coordinadora, y se sistematizan las causas de exclusión, eliminando el self-cleaning para determinadas exclusiones obligatorias (con una duración de cinco años), aunque se mantiene para las facultativas.
También se transforma el régimen de modificación contractual serán no sustanciales las modificaciones que no superen el 15% del valor inicial y se facilita el acceso de las PYMES, limitando los requisitos de volumen de negocio y restringiendo la exigencia de experiencia previa. En conjunto, la reforma obligará a España a redefinir el papel de la LCSP y adaptar sus plataformas digitales, y exigirá a las empresas mayor atención a la trazabilidad de sus cadenas de suministro y a aportar valor cualitativo en las licitaciones, en un modelo donde la calidad, la innovación y la resiliencia ganarán peso frente al precio. El texto deberá aún superar el procedimiento legislativo ordinario europeo, por lo que podría diferir del propuesto por la Comisión.