La CNMC endurece las multas a empresas y directivos por trampear licitaciones públicas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un paso relevante en la revisión de su política sancionadora con la publicación de nuevas indicaciones que refuerzan el rigor en la imposición de multas, especialmente en materia de contratación pública y prácticas colusorias.
Este nuevo marco introduce criterios más estrictos tanto para empresas como para directivos, consolidando un modelo orientado a garantizar un mayor efecto disuasorio de las sanciones. En particular, se refuerza la capacidad del regulador para modular las multas no solo a la baja, como ocurría hasta ahora, sino también al alza, con el objetivo de evitar que el incumplimiento de la normativa de competencia resulte económicamente rentable.
En este contexto, Rafael Piqueras, socio del área de Competencia de ECIJA, destaca que las nuevas indicaciones “no son un cambio meramente cosmético”, sino que introducen modificaciones sustanciales en la forma en que se construyen las sanciones. Según explica, la CNMC consolida un modelo en el que fija directamente el tipo sancionador dentro de los márgenes legales y lo modula con mayor flexibilidad, alineándose con la práctica europea.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es el refuerzo del criterio de disuasión en el cálculo de las sanciones, que se sitúa al mismo nivel que el de proporcionalidad. Este cambio permitirá ajustar las multas en función de la capacidad económica de las empresas y de las circunstancias específicas de cada caso, lo que tendrá un impacto especialmente significativo en grandes compañías con presencia internacional.
Asimismo, el nuevo marco sitúa a los directivos en el centro de la política sancionadora, desarrollando por primera vez criterios específicos para la imposición de sanciones individuales en función de factores como su nivel de responsabilidad, su participación en la conducta o la duración de la infracción.
Desde una perspectiva práctica, estas novedades suponen una reducción de la previsibilidad en el cálculo de las sanciones y un incremento de la exposición para empresas y responsables individuales, lo que obliga a reforzar los sistemas de cumplimiento y a revisar las estrategias de prevención y defensa en materia de competencia.
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