El Supremo amplía el acceso al pago único del desempleo e incluye al autónomo colaborador familiar
El Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 258/2026, de 11 de marzo de 2026, ha fijado un criterio de gran relevancia práctica al reconocer que los trabajadores autónomos colaboradores familiares tienen derecho a acceder a la capitalización de la prestación por desempleo en su modalidad de pago de cuotas a la Seguridad Social, corrigiendo así interpretaciones restrictivas sostenidas hasta ahora por la Administración.
El caso parte de una situación habitual en la práctica: una trabajadora, tras cesar en su empleo por cuenta ajena y acceder a la prestación por desempleo, solicita su capitalización para financiar sus cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), tras incorporarse como autónoma colaboradora en la empresa de su cónyuge. Aunque inicialmente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reconoce el derecho, posteriormente acuerda su revocación al considerar que esta figura no cumple la finalidad de la capitalización, al no implicar una inversión inicial ni la puesta en marcha de una actividad empresarial propia.
El Tribunal Supremo rechaza de forma clara este planteamiento y confirma el criterio de instancia, estableciendo que la normativa aplicable, en particular, los artículos 33 y 34 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, no excluye a los autónomos colaboradores familiares del acceso a esta medida. En este sentido, la Sala recuerda que el legislador ha delimitado expresamente los supuestos de exclusión, entre los que se encuentran los trabajadores autónomos económicamente dependientes vinculados a su anterior empleador, pero no la figura del colaborador familiar. Por todo ello, concluye que no cabe introducir limitaciones adicionales mediante interpretaciones restrictivas, en línea con el principio de que no se puede distinguir donde la ley no lo hace. Uno de los aspectos más relevantes de la resolución radica en la interpretación que realiza sobre la finalidad y alcance de la capitalización del desempleo.
Frente a la tesis administrativa, que vincula esta medida exclusivamente a la financiación de inversiones iniciales para el desarrollo de una actividad empresarial, el Tribunal Supremo adopta una interpretación más amplia y finalista. Así, afirma que el objetivo de esta institución es fomentar el trabajo autónomo, finalidad que también se cumple cuando la prestación se destina al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, aun cuando no exista una inversión inicial en sentido estricto. En este contexto, el Alto Tribunal subraya que el autónomo colaborador, aunque se incorpore a una actividad ya existente, asume igualmente costes propios, en concreto las cotizaciones al RETA, que justifican el acceso a este mecanismo de apoyo público. De este modo, la sentencia equipara, a efectos del acceso a la capitalización, la situación del autónomo titular de la actividad con la del autónomo colaborador familiar, al entender que en ambos casos concurre la misma finalidad de fomento del autoempleo. La diferencia relativa a la existencia o no de una inversión inicial no resulta, a juicio del Tribunal, un elemento determinante, dado que la normativa contempla expresamente la posibilidad de destinar la prestación al pago periódico de las cotizaciones sociales como forma válida de materializar dicha finalidad. Asimismo, la Sala pone de relieve la ausencia de cualquier indicio de fraude de ley en el supuesto analizado, descartando que la utilización de esta figura pueda considerarse, por sí misma, un mecanismo indebido de acceso a la prestación. Este elemento refuerza la conclusión de que no procede restringir el ámbito subjetivo de la norma sobre la base de presunciones genéricas.
Desde una perspectiva práctica, la sentencia tiene un impacto significativo, ya que abre la puerta a la revisión de numerosos supuestos en los que el SEPE haya denegado o revocado la capitalización del desempleo en casos de autónomos colaboradores familiares. Además, consolida una interpretación amplia del concepto de “inversión” a efectos del pago único, que trasciende la mera aportación de capital inicial e incluye también los gastos necesarios para el ejercicio efectivo de la actividad, como las cotizaciones a la Seguridad Social.
En definitiva, el Tribunal Supremo refuerza el carácter finalista de las políticas de fomento del empleo autónomo y delimita con claridad los límites de la actuación administrativa, estableciendo que solo pueden excluirse del acceso a estas medidas aquellos supuestos expresamente previstos por el legislador. Con ello, se dota de mayor seguridad jurídica a una figura tradicionalmente controvertida y se amplía el alcance real de uno de los instrumentos clave de promoción del autoempleo.
Artículo del área de Laboral de ECIJA Madrid.
