Real Decreto-ley 39/2026: refuerza la transparencia laboral y retributiva

Informes19 de noviembre de 2026
El área Laboral de ECIJA analiza el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, que amplía las obligaciones de información sobre las condiciones de trabajo y las retribuciones, introduce nuevas garantías frente a las represalias y exige ofrecer información salarial desde el propio proceso de selección. La norma entra en vigor el 19 de noviembre de 2026.

El 19 de noviembre de 2026 entra en vigor el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, una reforma de especial relevancia para la gestión de las relaciones laborales y de los recursos humanos. La norma completa la transposición al ordenamiento español de la Directiva (UE) 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, e incorpora la Directiva (UE) 2023/970, sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Para ello modifica, entre otras normas, el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, la Ley de Empleo, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la Ley de Contratos del Sector Público.

La reforma despliega sus efectos en todas las fases de la relación laboral: desde la publicación de la oferta de empleo hasta la extinción del contrato, pasando por la información sobre las condiciones de trabajo, el acceso a vacantes más estables y el conocimiento de los criterios utilizados para determinar las retribuciones.

Más información sobre las condiciones de trabajo

La empresa deberá informar por escrito a la persona trabajadora y a su representación legal sobre los elementos esenciales de la relación laboral que no figuren en el contrato, tanto al inicio como cuando se produzcan modificaciones posteriores.

La principal novedad es que esta obligación se extiende a todas las relaciones laborales, con independencia de su duración. Desaparece así la exclusión de los contratos de duración no superior a cuatro semanas. Para las relaciones inferiores a cuatro semanas vigentes a la entrada en vigor de la norma, la información deberá facilitarse en los diez días hábiles siguientes a su solicitud, salvo que ya obre en poder de la persona trabajadora.

La información debe facilitarse también a la representación legal de las personas trabajadoras (RLPT), lo que obliga a establecer un flujo de comunicación sistemático y compatible con la normativa de protección de datos. La empresa deberá además notificar a la RLPT los contratos de duración determinada cuando no exista obligación de entregarle su copia básica (artículo 15.7 del Estatuto de los Trabajadores).

También se refuerza la protección de quienes realizan horas complementarias. La persona trabajadora deberá conocer el día y la hora de realización con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio colectivo establezca un plazo inferior. Si la empresa incumple estas exigencias, podrá rechazarse la asignación sin consecuencias desfavorables. Si las horas comunicadas se cancelan total o parcialmente, se conserva el derecho a percibir la retribución de las horas no realizadas.

Nuevos límites para el período de prueba

El Real Decreto-ley revisa el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y establece unos límites máximos que, con carácter general, no podrán superarse:

  • Seis meses para las personas trabajadoras técnicas tituladas.
  • Dos meses para las restantes personas trabajadoras.
  • Tres meses para las personas no técnicas tituladas en empresas de menos de 25 personas trabajadoras.
  • Un mes en los contratos temporales de duración igual o superior a seis meses.

Si el contrato temporal dura menos de seis meses, el período de prueba deberá reducirse proporcionalmente. Por ejemplo, en un contrato de tres meses no debería exceder de quince días. Los convenios colectivos solo podrán fijar una duración superior si existe una justificación expresa vinculada a la naturaleza del empleo, al interés de la persona trabajadora o a la necesidad de evaluar su idoneidad en caso de suspensión de la relación laboral. Se mantiene la nulidad del pacto de prueba cuando la persona trabajadora ya haya desempeñado las mismas funciones en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

Derecho a solicitar un empleo más estable y previsible

El nuevo artículo 21 bis del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar el acceso a puestos vacantes que permitan:

  • La conversión entre trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial, o el incremento de la jornada de las personas contratadas a tiempo parcial.
  • La transformación de contratos temporales, incluidos los formativos, en contratos indefinidos, incluidos los fijos-discontinuos.
  • El paso de un contrato fijo-discontinuo a un contrato indefinido ordinario.
  • El acceso a otras condiciones de mayor previsibilidad, duración o estabilidad, en este último caso con una antigüedad mínima de seis meses.

La empresa deberá informar de las vacantes, por cualquier medio que asegure la recepción, tanto a la plantilla como a su representación legal, y responder a las solicitudes por escrito y de forma motivada. El plazo máximo es de un mes con carácter general y de tres meses en las empresas de hasta diez personas. La solicitud no determina automáticamente la conversión del contrato ni la adjudicación de la vacante, pero obliga a la empresa a examinarla y justificar su decisión. No informar de las vacantes o no contestar a las solicitudes constituye infracción grave.

Mayor protección del empleo en paralelo

La empresa no podrá prohibir ni limitar que una persona trabajadora preste servicios para otras compañías, ni dispensarle un trato desfavorable por ello. Las restricciones solo podrán fundarse en causas objetivas, como la protección de la salud y la seguridad, la confidencialidad empresarial, la integridad del servicio público o la prevención de conflictos de intereses. Se mantiene la posibilidad de acordar un pacto de plena dedicación cuando exista una compensación económica.

La garantía de indemnidad se incorpora expresamente al Estatuto de los Trabajadores

La reforma reconoce de forma expresa el derecho a no sufrir perjuicios, tratos desfavorables o represalias por ejercer o reclamar derechos laborales, ya sea ante la propia empresa o mediante acciones administrativas o judiciales. Las decisiones empresariales adoptadas como reacción a esas reclamaciones serán nulas, y las represalias pasan a estar tipificadas como infracciones muy graves.

Una estructura metálica de vigas entrecruzadas forma un patrón geométrico bajo una iluminación violácea.

Un nuevo nivel de transparencia retributiva

La modificación del Real Decreto 902/2020 amplía notablemente las obligaciones empresariales en materia salarial:

  • Criterios retributivos: las empresas deberán poner a disposición de la plantilla y de su representación legal los criterios objetivos y neutros utilizados para determinar las retribuciones y los niveles retributivos. En las empresas de 50 o más personas, la información incluirá también los criterios de progresión salarial, cuando estén previstos. Debe mantenerse actualizada y ponerse de nuevo a disposición cada vez que cambien. Si los criterios están fijados en el convenio colectivo, basta con remitir a los preceptos concretos; si no lo están, o si la empresa abona mejoras voluntarias de cualquier naturaleza, debe facilitar directamente la información, en un formato accesible para las personas con discapacidad.
  • Registro retributivo: debe comprender a toda la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, con las medias aritméticas y las medianas de lo realmente percibido, en cómputo anual y por hora de trabajo, desglosadas por sexo y por conceptos retributivos. La representación legal debe ser consultada con al menos diez días de antelación a su elaboración o modificación, y el registro y su documentación de soporte deben conservarse cuatro años. El artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores refuerza el acceso de la representación legal al registro salarial, sin perjuicio de la confidencialidad y la protección de datos.
  • Auditorías retributivas: deben analizar, como mínimo, los últimos tres años, incluida la proporción de mujeres y hombres en cada grupo, categoría o nivel, la evolución de las diferencias retributivas y las mejoras recibidas tras la reincorporación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Si se detectan diferencias no justificables con criterios objetivos y neutros, la empresa deberá aprobar un plan de actuación y corregirlas en un plazo razonable que en ningún caso podrá superar los seis meses.

De la obligación de registrar al derecho a conocer

Las personas trabajadoras podrán solicitar, directamente o a través de su representación legal o del Instituto de las Mujeres, una vez al año o cuando se produzcan cambios que lo justifiquen, información escrita sobre su retribución individual, las retribuciones medias (anuales y por hora, desglosadas por sexo) de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor, y el salario base y cada complemento salarial y extrasalarial.

La empresa deberá responder en un máximo de dos meses e informar a toda la plantilla, al menos una vez al año, de la existencia de este derecho y de cómo ejercerlo. Si la información es inexacta o incompleta, se podrán pedir aclaraciones, que deberán contestarse de forma motivada en quince días. También pueden ejercerlo quienes hayan dejado la empresa, en el plazo de un año desde el cese. El tratamiento de los datos deberá ajustarse al RGPD y a la Ley Orgánica 3/2018, con medidas de minimización y control de acceso.

La reforma reconoce además el derecho a comunicar la propia retribución para defender la igualdad salarial y declara nulas las cláusulas contractuales que impidan divulgarla. El artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores fija en tres años el plazo de prescripción de las acciones por vulneración de la igualdad retributiva, desde que cese la situación discriminatoria, lo que incide directamente en la cuantificación de las contingencias empresariales.

El salario deberá aparecer en las ofertas de empleo

La Ley de Empleo incorpora el principio de transparencia retributiva previa a la contratación. Las ofertas deberán indicar la retribución inicial del puesto, determinada con criterios objetivos y neutros respecto del género, y el convenio colectivo aplicable. La Directiva (UE) 2023/970 habla de «la retribución inicial o la banda retributiva inicial», mientras que el nuevo artículo 5.g) de la Ley de Empleo solo menciona «la retribución inicial del puesto». Como el texto no aclara si basta una horquilla salarial, desde una perspectiva prudente es recomendable indicar un importe de partida concreto.

Se prohíbe a las empresas y a los agentes de intermediación o colocación solicitar a las personas candidatas información sobre su historial retributivo. Los anuncios y las denominaciones de los puestos deberán ser neutros respecto del género y accesibles para las personas con discapacidad. Quienes intervengan en procesos de selección, incluidos los que usen sistemas automáticos o algorítmicos, deberán garantizar la igualdad de trato y la no discriminación.

Información sobre la brecha salarial y calendario de aplicación

Las empresas con 50 o más personas trabajadoras deberán facilitar, previa consulta a la representación legal, información detallada sobre su brecha salarial a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva. La remitirán anualmente las empresas de 250 o más personas y cada tres años las de entre 50 y 249. La primera remisión sigue un calendario progresivo:

  • 150 o más personas trabajadoras: antes del 8 de junio de 2027.
  • Entre 50 y 149 personas trabajadoras: antes del 8 de junio de 2031.

Si se desprenden diferencias injustificadas, la empresa deberá corregirlas en un plazo razonable de como máximo seis meses, en cooperación con la representación legal. Además, deberá facilitar a la plantilla y a su representación la información sobre la brecha retributiva por categorías, grupos o puestos de igual valor y, cuando se requiera, ponerla a disposición en un máximo de dos meses respecto de los cuatro años anteriores. Las auditorías retributivas integradas en planes de igualdad vigentes conservarán su validez hasta que finalice su vigencia o deban revisarse.

Refuerzo del régimen sancionador y efectos sobre la contratación pública

  • La falta de información sobre los elementos esenciales de la relación laboral deja de ser infracción leve y pasa a ser grave. También son graves los incumplimientos sobre información de vacantes y respuesta a solicitudes del artículo 21 bis, planes y medidas de igualdad, registro retributivo y remisión de información a la Comisión.
  • Las represalias frente al ejercicio de derechos laborales son infracción muy grave. En selección, no facilitar a las personas candidatas la información previa exigida es infracción grave, y solicitar datos prohibidos o adoptar decisiones discriminatorias en el acceso al empleo, muy grave.
  • El Real Decreto-ley no modifica las cuantías de las sanciones, por lo que se aplica la graduación general de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
  • Las empresas contratistas del sector público quedan afectadas: los pliegos deberán incorporar previsiones y penalidades para garantizar la igualdad y la transparencia retributivas, y el incumplimiento grave podrá determinar la resolución del contrato, previa audiencia del contratista.

¿Qué cambia respecto del régimen anterior?

  • Información contractual: antes no alcanzaba a relaciones de duración igual o inferior a cuatro semanas; ahora se aplica a todas, con independencia de su duración.
  • Período de prueba: los límites legales operaban en buena medida en defecto de convenio; ahora solo pueden superarse por convenio con justificación expresa.
  • Transición a otro empleo: antes los derechos sobre vacantes y conversiones estaban dispersos; ahora hay un derecho sistematizado a solicitar puestos más estables y a recibir respuesta motivada.
  • Empleo paralelo: se prohíben las restricciones generales y se exigen causas objetivas.
  • Información retributiva: antes se articulaba sobre todo mediante el registro salarial; ahora existe un derecho individual a solicitar información propia y comparativa.
  • Justificación de diferencias: el umbral del 25% se mantiene en empresas de 50 a 99 personas y se reduce al 5% en las de 100 o más.
  • Ofertas de empleo: antes no había obligación general de publicar la retribución; ahora deben incluir la retribución inicial y el convenio colectivo aplicable.
  • Historial salarial: queda prohibido preguntar por las retribuciones actuales o anteriores.
  • Garantía de indemnidad: pasa de una construcción constitucional y jurisprudencial a un reconocimiento expreso en los artículos 4.2.h) y 17.1 del Estatuto, con infracción muy grave específica.
  • Prescripción retributiva: del plazo general de un año a tres años desde que cese la situación discriminatoria.
  • Brecha retributiva: antes sin remisión a un órgano público; ahora, remisión periódica a la Comisión de seguimiento en empresas de 50 o más personas.

¿Qué deben revisar las empresas?

La entrada en vigor de la reforma aconseja una revisión inmediata de:

  • Los modelos contractuales, las cláusulas de confidencialidad retributiva y los períodos de prueba.
  • Los procedimientos de comunicación de vacantes y respuesta a solicitudes de conversión.
  • Las ofertas de empleo, formularios de candidatura y protocolos de entrevistas.
  • Los registros, auditorías y sistemas de valoración de puestos.
  • Los criterios de fijación y progresión salarial.
  • Los canales para atender solicitudes individuales de información retributiva.
  • Los sistemas automatizados o algorítmicos utilizados en selección.
  • Las cláusulas de exclusividad, plena dedicación e incompatibilidad durante la vigencia del contrato.
  • Los flujos de información a la representación legal y los protocolos frente a represalias.

El Real Decreto-ley 39/2026 convierte la transparencia en una obligación transversal. Ya no basta con disponer formalmente de un registro salarial: las empresas deberán poder explicar cómo fijan las retribuciones, justificar las diferencias existentes, responder a las solicitudes de información y acreditar que sus decisiones se apoyan en criterios objetivos, verificables y neutros respecto del género.

Área Laboral de ECIJA


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