Activar el protocolo de acoso para protegerse de una extinción no es una buena idea
Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que el uso fraudulento del canal de denuncias por parte de un trabajador, con el fin de evitar un despido justificado por bajo rendimiento, puede conllevar un despido procedente al constituir un grave incumplimiento de la buena fe contractual. Aunque el canal de denuncias es una herramienta esencial para fomentar la integridad, detectar irregularidades y proteger a los empleados, su eficacia depende de un uso honesto.
La Ley 2/2023 garantiza una amplia protección a los informantes frente a represalias, pero esta no es absoluta: no ampara a quienes abusan del sistema con multas personales.
El caso juzgado demuestra que el intento de manipular este mecanismo puede desacreditarlo, dañar su credibilidad y perjudicar a quienes realmente lo necesitan. Por ello, se instala a las empresas para reforzar los controles, ofrecer formación y mantener protocolos rigurosos para asegurar un uso ético y responsable de este recurso clave en la cultura de cumplimiento.
Artículo escrito por Sara Duro, Principal Associate de ECIJA para Economist & Jurist.
