La nueva Directiva 2024/1266 de la UE obliga a los Estados miembros a penalizar el incumplimiento de sanciones internacionales, como las impuestas a Rusia. España ya trabaja en una reforma del Código Penal que prevé penas de prisión y multas millonarias para empresas que operen con entidades sancionadas.
En este contexto, Silvia Zamorano, socia de Compliance de ECIJA, advierte que las empresas deben suspender de inmediato cualquier operación sospechosa y notificar a las autoridades, además de revisar sus programas de cumplimiento. También destaca que la colaboración con las autoridades podría suponer una atenuación de las penas y recuerda que las empresas pueden ser responsables por la actuación de terceros si no ejercen un control adecuado.
