IA en tribunales: ¿Qué ocurre cuando la eficiencia se convierte en colapso judicial?

Un abogado ingresó cerca de 38 mil escritos judiciales en solo dos días utilizando un agente de inteligencia artificial. El hecho, ocurrido en tribunales civiles de Chile, obligó al Comité de Jueces Civiles de Santiago a pedir a la Corte Suprema medidas urgentes, incluyendo la eventual prohibición del uso de IA para este tipo de trámites. El episodio no es un caso aislado: se suma a una serie de incidentes recientes, en Chile y en el extranjero que muestran cómo la inteligencia artificial ya está tensionando los límites del sistema judicial, mucho antes de que exista una regulación capaz de contenerla. 

El caso que encendió las alertas

Según un oficio enviado a la presidenta de la Corte Suprema, un abogado utilizó un "agente externo" de inteligencia artificial para ingresar de manera masiva escritos de desarchivo y renuncia de patrocinio y poder en tribunales civiles de todo el país. Entre el sábado 25 y el lunes 27 de julio, el sistema registró 38.477 presentaciones, equivalentes a entre 500 y 900 escritos por tribunal, cifra que, según el propio oficio, seguía en aumento al momento de reportarse.

El Comité de Jueces Civiles de Santiago calificó la situación como un "uso abusivo de las herramientas tecnológicas", que podría configurar un caso de abuso procesal e infringir las condiciones de uso de la Oficina Judicial Virtual. La respuesta institucional fue drástica: solicitar el bloqueo de la IP del abogado, evaluar responsabilidades disciplinarias y penales, e incluso prohibir el uso de inteligencia artificial para el ingreso de escritos mientras no exista una política institucional que regule su utilización.

Un patrón que se repite

El caso chileno no ocurre en el vacío. Meses antes, un tribunal laboral en Brasil detectó que una demanda contenía un texto invisible (escrito en blanco sobre fondo blanco) dirigido a un sistema de IA, buscando alterar cómo esta procesaba el documento. Aquello fue calificado como un acto atentatorio contra la dignidad de la justicia y derivó en sanciones para las abogadas responsables.

Ambos episodios, aunque distintos en su mecánica, comparten un mismo síntoma: la IA está siendo utilizada dentro de procesos judiciales sin que existan controles diseñados específicamente para prevenir su uso abusivo. En un caso se manipuló el contenido para engañar al sistema; en el otro, se explotó su capacidad de automatización para saturarlo. En ambos, la consecuencia fue la misma: los tribunales tuvieron que reaccionar después del hecho, no antes.

Por qué esto importa

La promesa de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico siempre estuvo asociada a la eficiencia: menos tiempo, menos costos, más capacidad de gestión. Pero estos casos muestran la otra cara de esa promesa. Cuando la automatización se usa sin límites ni supervisión, la eficiencia de uno puede convertirse en el colapso operativo de un sistema completo. Los propios jueces del comité fueron explícitos: "no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia".

El problema, además, no se limita a la carga de trabajo. Abre preguntas de fondo sobre responsabilidad profesional: ¿hasta qué punto un abogado puede delegar en un agente automatizado el ejercicio de su representación? ¿Qué estándar de diligencia se le exige cuando la herramienta actúa "en su nombre" a una escala que ningún ser humano podría alcanzar? Son preguntas que el sistema disciplinario chileno recién empieza a formularse.

El vacío regulatorio

Mientras estos casos ocurren, la brecha regulatoria se hace más evidente. La Unión Europea ya exige, desde el 2 de agosto, que los contenidos generados o modificados con IA sean identificados, dentro del marco de su Ley de Inteligencia Artificial. España, por su parte, avanza en un proyecto de ley específico sobre gobernanza algorítmica, alineado con el Reglamento Europeo de IA.

Chile, en cambio, todavía no cuenta con una ley integral vigente sobre inteligencia artificial. El proyecto de ley que aborda estos usos sigue en tramitación desde 2024. Existe sí una Política Nacional de Inteligencia Artificial y avances relevantes en la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que refuerza obligaciones de seguridad y responsabilidad demostrada. Pero ninguna de estas herramientas fue diseñada pensando en escenarios como el de los 38 mil escritos: el uso de agentes automatizados dentro de plataformas judiciales sigue siendo, en la práctica, un terreno sin reglas claras.

El caso de los 38 mil escritos no es una anécdota tecnológica: es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la capacidad de automatización supera la capacidad institucional de supervisarla. Así como el prompt injection judicial en Brasil mostró que la IA puede ser blanco de manipulación, este caso chileno muestra que también puede ser el vehículo de un abuso a gran escala, incluso sin intención maliciosa evidente.

La pregunta que queda abierta para el sistema judicial y para quienes ejercen la profesión ya no es si la inteligencia artificial va a estar presente en los procesos legales. Ya lo está. La pregunta es si las instituciones (y los propios abogados) van a definir los límites de su uso antes de que el próximo incidente los obligue a hacerlo de urgencia.