El Tribunal Supremo refuerza el derecho a la adaptación de jornada y exige una negociación real y efectiva por parte de la empresa
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2026
(STS núm. 687/2026, rec. 249/2025).
La sentencia analiza el alcance de las obligaciones empresariales derivadas del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores en materia de adaptación de jornada por razones de conciliación. El litigio surge tras la solicitud formulada por un trabajador, padre de un menor de doce años, para modificar su horario y pasar de una jornada partida a una jornada continuada de mañana que le permitiera atender de forma más efectiva sus responsabilidades familiares. La empresa rechazó la petición alegando razones organizativas y productivas vinculadas a las funciones directivas desempeñadas por el empleado.
El Tribunal Supremo no entra a resolver la controversia desde una mera perspectiva organizativa, sino que centra el debate en el incumplimiento empresarial del procedimiento legalmente previsto para tramitar las solicitudes de adaptación de jornada. La Sala recuerda que, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023, el artículo 34.8 ET configura un auténtico derecho de la persona trabajadora a solicitar adaptaciones de jornada y obliga a la empresa a abrir un proceso negociador real con una duración máxima de quince días. La Sentencia destaca que dicha negociación no puede reducirse a una actuación meramente formal o a una simple respuesta denegatoria. Según el Supremo, el legislador ha querido imponer un verdadero proceso de diálogo presidido por la buena fe, orientado a encontrar soluciones que compatibilicen las necesidades de conciliación del trabajador con las exigencias organizativas de la empresa. Por ello, la empresa no puede limitarse a rechazar la solicitud aportando sus propios argumentos sin haber intentado previamente alcanzar una solución consensuada.
La Sala subraya además la dimensión constitucional de los derechos de conciliación, vinculados tanto al principio de igualdad como a la protección de la familia y de la infancia reconocidos en los artículos 14 y 39 de la Constitución. Desde esta perspectiva, las normas que favorecen la conciliación deben interpretarse de manera particularmente garantista, otorgando prevalencia a su finalidad protectora.
Aplicando estos criterios al caso concreto, el Tribunal concluye que la empresa incumplió su obligación legal de negociar. Aunque solicitó información adicional y posteriormente emitió una respuesta motivada, no desarrolló el auténtico proceso negociador exigido por la norma ni formuló alternativas capaces de satisfacer las necesidades de conciliación planteadas por el trabajador. La actuación empresarial se limitó, en esencia, a una negativa unilateral.
La sentencia reafirma asimismo una doctrina especialmente relevante para la práctica empresarial, cuando la empresa omite el proceso negociador impuesto por el artículo 34.8 ET, la consecuencia ordinaria será la estimación judicial de la medida interesada por la persona trabajadora. Únicamente cabrá apartarse de esta solución cuando la solicitud resulte manifiestamente irrazonable o claramente desproporcionada respecto de las necesidades organizativas acreditadas por la empresa.
En el supuesto examinado, el Tribunal aprecia que la petición formulada por el trabajador respondía a una necesidad real de conciliación y no presentaba, de manera manifiesta, un carácter abusivo o desproporcionado. Por ello, confirma el criterio mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que había apreciado la vulneración del derecho de conciliación y reconocido una indemnización de 7.501 euros por daños morales.
La resolución consolida así una línea jurisprudencial cada vez más exigente con las empresas en materia de conciliación, reforzando la obligación de negociar de forma efectiva las solicitudes de adaptación de jornada y convirtiendo dicho trámite en un elemento central para la validez de la decisión empresarial.