Data Protection Officer “DPO”: Chile y México
La figura del Data Protection Officer (DPO) se ha consolidado como un elemento clave en la gobernanza de datos personales, cumpliendo un rol estratégico en el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la implementación de buenas prácticas dentro de las organizaciones.
En Chile, su incorporación adquiere especial relevancia en el marco de la Ley N° 21.719, que introduce el modelo de prevención de infracciones y regula expresamente esta figura, estableciendo su designación, funciones y requisitos, junto con la necesidad de actuar con independencia y conocimientos especializados . En este contexto, el DPO se posiciona como un actor fundamental para supervisar el cumplimiento de la normativa, capacitar al personal y servir como punto de contacto con la autoridad y los titulares de datos.
Por su parte, en México, si bien la normativa no utiliza expresamente el término DPO, sí exige la designación de un responsable de protección de datos dentro de la organización, cuya función es equivalente en la práctica. Este rol se encuentra regulado principalmente en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, destacando su enfoque flexible y adaptado al tamaño y nivel de riesgo de cada organización.
En ambos países, la implementación de esta figura permite fortalecer la cultura de cumplimiento, mejorar la gestión de incidentes y reforzar la confianza de clientes y autoridades. Por el contrario, su ausencia puede traducirse en mayores riesgos regulatorios, sanciones y debilidades en la protección de datos.
Así, el DPO no solo representa una exigencia normativa o recomendación de buenas prácticas, sino también una oportunidad estratégica para las organizaciones que buscan adaptarse a un entorno cada vez más exigente en materia de privacidad y protección de datos.
