Bloqueo de sitios de apuestas online: nuevos desafíos jurídicos para el enforcement digital en Chile

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó el bloqueo de 42 sitios de apuestas y juegos de azar online que operan al margen de la regulación vigente. La medida, comunicada el 1 de septiembre, deberá ser ejecutada por los principales proveedores de acceso a Internet en un plazo máximo de 48 horas y mediante bloqueo DNS.

Más allá de la discusión sobre la legalidad de las plataformas de apuestas, la medida resulta especialmente relevante por una cuestión más amplia: la consolidación del bloqueo de acceso a determinadas plataformas digitales como mecanismo de cumplimiento y tutela efectiva en Internet.

Una medida que surge de una decisión judicial

La actuación de Subtel se produce en cumplimiento de resoluciones de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de un recurso de protección impulsado por la Lotería de Concepción contra empresas de telecomunicaciones.

Sobre la base de estas decisiones, Subtel notificó a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR un listado de 42 URLs remitido por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), instruyendo su bloqueo mediante DNS. Los operadores deberán acreditar posteriormente ante la Corte de Apelaciones el cumplimiento de la medida. El listado incluye sitios y dominios asociados a plataformas de apuestas y juegos de azar online, entre ellos Betano, 1xBet, Betsson, Stake, Betcris y otros servicios, además de diversos dominios que corresponden a sitios espejo o variantes de plataformas previamente identificadas.

Del bloqueo puntual a un mecanismo dinámico

Uno de los aspectos más relevantes de esta medida es que no parece concebida como una actuación aislada frente a una lista cerrada de sitios. La propia Subtel señala que, dada la naturaleza dinámica de estas plataformas, el procedimiento podrá aplicarse sucesivamente respecto de nuevos dominios, subdominios o sitios espejo, siempre que sean específicos, verificables y previamente validados por la Superintendencia de Casinos de Juego.

Esto resulta especialmente relevante en el entorno digital, donde el bloqueo de un dominio puede ser rápidamente eludido mediante la utilización de una nueva dirección o un sitio espejo. El desafío del enforcement digital, por tanto, no consiste únicamente en conseguir una orden de bloqueo, sino en desarrollar mecanismos capaces de adaptarse a la capacidad de las plataformas para modificar su infraestructura y reaparecer bajo nuevas direcciones.

¿Por qué DNS?

La medida también resulta interesante desde una perspectiva tecnológica y jurídica. De acuerdo con el informe técnico presentado por Subtel, la Corte de Apelaciones ratificó el bloqueo mediante Sistema de Nombres de Dominio (DNS) como una alternativa idónea y proporcional, considerando que permite resguardar la neutralidad de la red y la privacidad de los usuarios y reducir el riesgo de sobrebloqueo de servicios lícitos.

Esto introduce un elemento especialmente relevante en cualquier política de bloqueo de contenidos o servicios online: la necesidad de compatibilizar la efectividad de la medida con los derechos e intereses de terceros que utilizan legítimamente la infraestructura de Internet.

El bloqueo llega mientras el Congreso discute una nueva regulación

La medida de Subtel se produce, además, mientras el Congreso avanza en la discusión del proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, contenido en el Boletín N.º 14.838-03.

El proyecto se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional y contempla la creación de un régimen de autorización y fiscalización para las plataformas de apuestas online. Entre otros aspectos, propone que los operadores deban obtener una licencia, establece requisitos societarios y de transparencia sobre sus beneficiarios finales, incorpora reglas de juego responsable y protección de niños, niñas y adolescentes, regula la publicidad y establece mecanismos específicos para prevenir y sancionar el juego ilegal.

La iniciativa también contempla un fortalecimiento institucional. La actual Superintendencia de Casinos de Juego pasaría a denominarse Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, con nuevas facultades de fiscalización, mientras que se contempla un mayor intercambio de información entre organismos como el SII, la UAF, la CMF, Subtel y el Ministerio Público.

Una regulación todavía en construcción

El proyecto no ha sido aún convertido en ley. Durante 2026, su tramitación ha continuado en el Senado y la Comisión de Economía acordó trabajar junto al Ejecutivo en una mesa técnica para revisar las indicaciones pendientes antes de continuar con su discusión en particular.

Esta situación genera un escenario particularmente interesante: mientras el Congreso discute las reglas que deberían regir el mercado de apuestas online, los tribunales y la autoridad sectorial están utilizando las herramientas actualmente disponibles para enfrentar a las plataformas que operan sin autorización.

El bloqueo aparece así como una medida de enforcement frente a una realidad existente, mientras que el proyecto de ley busca establecer el marco regulatorio permanente que determinará qué operadores podrán funcionar, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de fiscalización.

Un modelo que trasciende las apuestas

Este desarrollo tampoco ocurre de manera aislada. Durante 2026, Subtel intervino igualmente en la ejecución de órdenes judiciales destinadas a bloquear servicios IPTV que retransmiten contenidos audiovisuales sin autorización, como Magis TV, Flujo TV y Xuper TV.

Aunque se trata de fenómenos y fundamentos jurídicos diferentes, ambos casos permiten observar una tendencia común: el uso de los proveedores de acceso a Internet como punto de ejecución de determinadas medidas judiciales destinadas a impedir el acceso a servicios digitales considerados ilícitos. En materia de propiedad intelectual, este fenómeno resulta especialmente relevante para la lucha contra la piratería audiovisual y la protección de contenidos distribuidos digitalmente.

El bloqueo de estos 42 sitios representa algo más que una nueva actuación frente a las plataformas de apuestas online. Muestra cómo el enforcement digital en Chile está evolucionando hacia mecanismos más coordinados y dinámicos, en los que convergen decisiones judiciales, autoridades sectoriales, proveedores de Internet y herramientas tecnológicas.

Al mismo tiempo, la discusión legislativa demuestra que el bloqueo no puede sustituir a la regulación. La respuesta sostenible requiere definir con claridad qué actividades están autorizadas, quién puede desarrollarlas, bajo qué condiciones y qué herramientas existen para perseguir eficazmente aquellas que operen al margen de la ley.

La pregunta que queda abierta es si este modelo terminará consolidándose como una herramienta transversal de enforcement digital en Chile y cuáles serán los estándares que deberán observarse para que sea, al mismo tiempo, efectivo, proporcional y respetuoso de los derechos de los usuarios y del carácter abierto de Internet.