Autenticidad garantizada: hacia un nuevo modelo de protección integral en México
El objetivo central es establecer una vinculación normativa explícita entre la protección al consumidor y la defensa de los derechos de propiedad industrial. Si bien la propuesta ha estado en discusión durante cinco meses, su avance podría acelerarse ante la reciente presentación, el 15 de septiembre, de una nueva iniciativa de reforma enfocada exclusivamente en la LFPPI.
La iniciativa parte del reconocimiento de que la falsificación, el uso indebido de marcas y la competencia desleal no solo vulneran derechos de titulares de propiedad industrial, sino que también representan una amenaza directa a los consumidores. En este sentido, además de proteger derechos económicos, esta reforma busca salvaguardar la salud y seguridad de los consumidores, quienes podrían estar expuestos a productos falsificados de baja calidad.
Lo que ya existía
Hasta ahora, la LFPC y la LFPPI habían operado en carriles separados:
- La primera con un enfoque en la tutela de los consumidores frente a abusos comerciales.
- La segunda centrada en la protección de los derechos exclusivos de titulares de marcas, patentes y otros signos distintivos.
La coordinación entre PROFECO e IMPI se limitaba a intercambios puntuales de información, sin un marco formal de actuación conjunta.
Lo que cambió
La iniciativa introduce innovaciones de gran calado:
- En la LFPC:
- Se incorpora como principio rector la protección del consumidor frente a productos que infringen derechos de propiedad industrial.
- Se faculta a la PROFECO para ordenar el aseguramiento precautorio de mercancías falsificadas o con signos distintivos no autorizados.
- Se adicionan los artículos 98 Quater y 98 Quintus, que establecen mecanismos de coordinación institucional con el IMPI para la inspección, vigilancia y sanción conjunta.
- En la LFPPI:
- Se adiciona el artículo 353 Bis, que habilita al IMPI para colaborar con PROFECO en operativos de verificación y aseguramiento de productos que vulneren simultáneamente derechos de propiedad industrial y del consumidor.
- Medidas complementarias:
- Creación de un reglamento conjunto IMPI–PROFECO para coordinar procedimientos de inspección, intercambio de información y decomiso de productos.
- Campañas nacionales de educación al consumidor sobre los riesgos de adquirir productos falsificados y la importancia de consumir bienes originales.
Implicaciones prácticas:
El modelo propuesto genera oportunidades y retos relevantes para todos los actores del ecosistema de consumo:
- Trazabilidad y etiquetado reforzado como herramientas de verificación de autenticidad.
- Mayor certeza jurídica en el consumo, al garantizar que los productos comercializados respeten los derechos de propiedad industrial.
- Armonización normativa con estándares internacionales, como los adoptados por la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros países que reconocen la propiedad industrial como instrumento de protección al consumidor.
- Impacto directo en la operación de proveedores de bienes y servicios, quienes deberán implementar procesos de verificación, trazabilidad y cumplimiento normativo, para garantizar que los productos comercializados no infringen derechos de propiedad industrial, bajo riesgo de sanciones administrativas y aseguramientos precautorios.
- Fortalecimiento de los derechos de los consumidores, asegurando acceso a productos auténticos, seguros y con información veraz, lo que contribuye a un entorno de consumo más transparente y confiable.
Conclusión
La iniciativa legislativa redefine el papel de la propiedad industrial en el ecosistema de consumo, al integrarla como una herramienta clave para proteger al consumidor. Al vincular de manera estratégica dos ámbitos que históricamente han operado por separado, se construye un marco normativo más robusto, moderno y alineado con estándares internacionales. Esta reforma no solo exige mayor responsabilidad a los proveedores, sino que empodera al consumidor al garantizarle acceso a productos auténticos y seguros. Más que una actualización legal, se trata de una transformación profunda del modelo de protección económica y social en México.
por Andrea Chávez
Asociada en ECIJA México.
