¿Qué plantea el decreto del gobierno sobre videovigilancia para enfrentar los problemas de seguridad y cuáles serían los posibles excesos a corregir?
“Los riesgos para un Estado democrático son muy complicados, realmente”, reiteró Mauricio París, socio director de la firma legal Ecija y experto en derecho digital y tecnología en su colaboración para El Financiero. “No estoy diciendo que la policía no requiera mecanismos de videovigilancia. Pero deben existir límites y, en varios casos, la Sala Constitucional indicó que se requiere una ley y no un decreto”.
"Nadie discute que una cámara bien ubicada, señalizada y bajo control judicial puede ayudar a esclarecer delitos", dijo Mauricio París, socio de Ecija. "Costa Rica necesita más seguridad, pero también necesita que esa seguridad se construya dentro del Estado de derecho. Las tecnologías que hoy se instalan para perseguir al crimen organizado pueden, sin límites claros, convertirse mañana en una infraestructura de vigilancia permanente sobre toda la población".
Continuar al reportaje aquí