Esta práctica tiene consecuencias graves para las personas investigadas, ya que la admisión a trámite implica automáticamente el inicio de un procedimiento penal.
La normativa vigente, concretamente el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presenta una redacción deficiente que otorga un margen limitado a los jueces para valorar la admisión de una querella. Actualmente, basta con que los hechos puedan encajar en un tipo penal y que el tribunal sea competente, sin mayor filtro sobre la verosimilitud o la intencionalidad de la denuncia.
El artículo propone revisar el sistema de admisión, sugiriendo mecanismos como:
- El endurecimiento de los requisitos previos,
- La evaluación previa por parte del Ministerio Fiscal,
- O el fomento de mecanismos alternativos como la mediación o conciliación antes de interponer una querella.
Estas medidas buscan evitar la instrumentalización del proceso penal y proteger tanto a las personas afectadas como al propio sistema judicial.
