¿Se puede utilizar la IA para redactar leyes en España?
Pero también mencionan que debe usarse como una herramienta de apoyo, sin sustituir en ningún caso al legislador ni al criterio jurídico humano, y advierten de riesgos como los sesgos, la falta de transparencia algorítmica o la posible afectación de derechos fundamentales.
El debate no se centra solamente en España. El artículo también menciona experiencias ya en marcha en Suiza, Nueva Zelanda, Australia y Pensilvania, donde la IA se utiliza para automatizar tareas administrativas, ganar transparencia o incluso redactar normas bajo supervisión humana. En España, aunque todavía no existe ningún proyecto de IA aplicado directamente al proceso legislativo, el Ministerio para la Transformación Digital ya la considera una "oportunidad sobresaliente", y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha el Informe FAT para normalizar y estructurar la documentación jurídica española mediante tecnología.
Javier López, socio de TMT en ECIJA, lo dice claro: la tecnología puede echar una mano en varias fases del proceso legislativo. El big data, explica, sirve para detectar "patrones y situaciones que requieren nuevas normas", y las plataformas digitales "facilitan la participación ciudadana" a la hora de recoger antecedentes. Cuando llega el momento de redactar, la IA generativa aporta "precisión y coherencia a los textos legales", y el blockchain "puede ayudar en la fase de prueba porque permite evaluar el impacto y trazar modificaciones antes de la publicación".
Juan Carlos Guerrero, también socio de TMT en ECIJA, va un paso más allá y pone el foco en algo clave: la IA no viene a sustituir a nadie. En sus palabras, "ni sustituye al legislador ni al ejecutivo, sino que amplía su capacidad de análisis, agiliza procesos internos y permite centrarse en el debate político sustantivo". Guerrero recuerda que, según el Reglamento Europeo de IA, la mayoría de los usos en la práctica jurídica "ni están prohibidos, ni son de alto riesgo", aunque avisa de que la cosa cambia si la automatización de decisiones afecta a derechos fundamentales: ahí sí "se entraría en el ámbito de los sistemas de alto riesgo".
Su conclusión resume bien el objetivo del artículo: usada con responsabilidad, la IA "eleva la práctica profesional a niveles de eficiencia y calidad", pero el jurista tiene que seguir siendo quien tome las decisiones importantes.
Ni Javier López ni Juan Carlos Guerrero se olvidan del lado más delicado del asunto. Juan Carlos Guerrero señala la "falta de transparencia algorítmica o de los datos de entrenamiento del modelo" como uno de los grandes retos, y avisa del riesgo de que la IA se use con fines políticos: como apoyo es prometedora, pero como sustituto de la decisión humana podría "poner en jaque los fundamentos del Estado de Derecho".
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