¿Qué pasaría si el robo del Louvre ocurriera en el Museo del Jade?
Por Redacción Écija Costa Rica
El espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre ha reavivado un debate que va más allá del arte y la seguridad: ¿qué tan preparados están los países para proteger su patrimonio cultural?
En París, los ladrones disfrazados de obreros ingresaron al museo más visitado del mundo por un ascensor de carga, rompieron vitrinas en la Galería de Apolo y, en menos de ocho minutos, se llevaron ocho piezas de valor histórico incalculable.
En Costa Rica, la comparación más cercana, si algo así ocurriera, serían las piezas precolombinas que se exhiben en el Museo del Jade, propiedad del Instituto Nacional de Seguros (INS). Sus colgantes, aves bicéfalas y figuras rituales de jade son a nuestro pasado lo que las joyas fueron a la realeza europea: símbolos de estatus, espiritualidad y poder.
El jade como “joya” nacional
“Si en Francia se robaron joyas de la corona, en Costa Rica lo equivalente sería robarse el jade, que es la joya de nuestra memoria arqueológica”, explica Mauricio París, socio a cargo de la práctica de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) y entusiasta del arte. “El jade precolombino tiene un valor simbólico comparable: representaba el prestigio y la jerarquía de las antiguas élites mesoamericanas, pero también una dimensión espiritual. No era solo adorno, era un lenguaje de poder”, añade.
El Museo del Jade alberga la colección más grande de jade precolombino del mundo: más de siete mil piezas catalogadas y, aunque pertenece institucionalmente al INS, su patrimonio no es propiedad del Instituto, sino del Estado costarricense.
“La Ley 6703 sobre Patrimonio Nacional Arqueológico es muy clara: todos los objetos arqueológicos descubiertos en el territorio nacional pertenecen al Estado. El INS actúa como depositario, pero la titularidad es pública”, explica París.
“Si alguien se llevara una de esas piezas, no sería un simple hurto, sino la apropiación de bienes arqueológicos del Estado.”
¿Qué dice la ley?
El abogado penalista José Francisco Madrigal coincide en que un delito así tendría implicaciones complejas.
“El artículo 28 de la Ley 6703 sanciona con prisión de uno a seis años a quien se apodere de un objeto arqueológico sin consentimiento de quien lo tenga en depósito. Además, el Código Penal, en sus artículos 209 inciso 6) y 213 inciso 3) prevé agravantes para los delitos de Hurto y Robo, respectivamente, cuando los bienes objeto del ilícito son cosas de valor científico, artístico, cultural, de seguridad y religioso. Si las piezas se intentaran vender o sacar del país, entrarían a jugar los delitos de tráfico internacional de bienes culturales”, explica Madrigal.
El especialista agrega que Costa Rica ha incorporado en su ordenamiento jurídico diversos instrumentos nacionales e internacionales para salvaguardar el patrimonio cultural, particularmente de carácter arqueológico. El Artículo 89 de nuestra Constitución Política, que prescribe que dentro de los fines culturales de la República están el: “… proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”. También está la Ley sobre control de la explotación y comercio de reliquias arqueológicas y su posterior reglamento; la Ley 4711 “Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro”, publicada el 13 de enero de 1971; la Ley 5980 “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural publicada el 24 de diciembre de 1976”; la Ley 6360 Convención sobre defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas (Convención de San Salvador), publicada el 21 de setiembre de 1979; la Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico conocida como la Ley 6703, emitida en el año de 1982, que ordena aspectos de tenencia, tráfico ilícito, registro de colecciones privadas, crea un cuerpo interinstitucional colegiado que se convierte en el fiscalizador de las investigaciones científicas en el país, faculta a las autoridades aduanales y de policía a revisar las pertenencias de ciudadanos y extranjeros que salen del país, e impone sanciones penales; la Ley 7526 que aprueba la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la exportación e importación de propiedad ilícita de bienes culturales; la Convención de la UNESCO de 1970, Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, ratificada el 5 de marzo de 1996 y La Convención sobre la Protección del Patrimonio Subacuático, del 2001, que se ratificó el 27 de julio del 2017.
A pesar de toda esa estructura jurídica que Costa Rica ha incorporado en su ordenamiento jurídico, Madrigal advierte que “el país carece de una unidad de investigación especializada, de un registro digital completo y de protocolos de reacción ante delitos cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio cultural”. “En otras palabras, tenemos la norma, pero dificultades operativas para aplicarla.”
Un riesgo silencioso
París coincide en que el problema no es solo jurídico, sino institucional y cultural.
“El jade está protegido por la ley, pero huérfano de una estructura que lo cuide. Hasta donde conocemos, no hay un protocolo interinstitucional entre el OIJ, el Museo Nacional y el INS”.
A su juicio, el riesgo no está en un robo espectacular como el del Louvre, sino en las pérdidas silenciosas: deterioro, extravío o tráfico hormiga. “La propia Ley 6703 sanciona con multa o prisión el deterioro o la omisión de aviso por pérdida de bienes arqueológicos. Pero pocas veces se aplica.”
Una deuda con la memoria
Ambos expertos coinciden en que el robo del Louvre debería servir de espejo para Costa Rica.
“Ni siquiera el museo más vigilado del planeta está libre de vulnerabilidades”, dice París. “Pero en nuestro caso, el riesgo es mayor: no solo podríamos perder una pieza, sino ni siquiera saber que la perdimos.”
Madrigal propone una hoja de ruta concreta:
“Costa Rica necesita un protocolo nacional de respuesta, un registro digital interoperable con la base de INTERPOL, y una reforma penal que tipifique de forma expresa los delitos contra el patrimonio cultural.”
Para París, el tema trasciende lo jurídico:
“Proteger el patrimonio no es un acto estético, sino un deber ético. Si un día desapareciera una figura bicéfala del Museo del Jade, no perderíamos solo una joya verde, perderíamos un pedazo de Costa Rica.”
