Proyecto de ley sobre botellas plásticas plantea obligaciones difíciles de cumplir para las empresas
Redacción Écija.
San José, Costa Rica. El proyecto de ley N.° 24.509, impulsado por el PUSC y denominado Ley para la declaratoria de las botellas plásticas de un solo uso como residuos de manejo especial, plantea una serie de obligaciones para empresas de la cadena de producción y comercialización que podrían resultar de difícil o incluso imposible cumplimiento en la práctica, según advierten especialistas en derecho ambiental.
La iniciativa legislativa busca fortalecer la gestión de residuos plásticos mediante la aplicación del principio de responsabilidad extendida del productor, lo que implicaría nuevas obligaciones para fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores de botellas plásticas de un solo uso.
No obstante, algunas de las disposiciones incluidas en el texto podrían generar efectos contraproducentes si no se toman en cuenta las realidades operativas del sector.
Marco Quesada, director de Derecho Ambiental de ECIJA Costa Rica, explica que el proyecto plantea metas y responsabilidades que, en la práctica, dependerían en gran medida del comportamiento de los consumidores finales.
“El proyecto establece metas de recuperación de hasta un 90% de las botellas colocadas en el mercado. Sin embargo, gran parte de esa recuperación depende de decisiones que toman los consumidores en la disposición final del residuo, lo que hace muy complejo exigir ese nivel de cumplimiento exclusivamente a las empresas”, señala Quesada.
El texto también establece que, en un plazo de tres años, los productores deberán rediseñar las botellas para que la tapa permanezca unida al envase. Según el especialista, esta obligación podría generar retos adicionales.
“Muchas decisiones de diseño y producción de envases se toman a nivel global por parte de las compañías. Pretender modificar esos procesos únicamente para un mercado específico puede implicar costos significativos y desafíos logísticos que el proyecto no parece considerar”, añade.
La iniciativa también propone que los productores e importadores asuman los costos de la recolección y reciclaje de las botellas que colocan en el mercado. Este tipo de esquemas busca aplicar el principio de “quien contamina paga”, aunque en la práctica esos costos suelen terminar incorporándose al precio final de los productos.
Además, el proyecto califica como infracción gravísima el incumplimiento de las metas de recuperación de plástico sin causa justificada, aunque no establece criterios claros para determinar cuándo se configura ese incumplimiento ni cómo se aplicarán las sanciones.
A pesar de estas críticas, el análisis también reconoce algunos elementos positivos dentro de la propuesta.
Entre ellos se incluye la obligación para comercializadores y distribuidores de habilitar puntos de recolección de botellas plásticas y la promoción de campañas de educación ambiental por parte del Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud.
“Las medidas orientadas a fortalecer los centros de acopio y a promover educación ambiental sí pueden generar impactos positivos. En materia de gestión de residuos, el cambio cultural en los consumidores es un factor determinante”, explica Quesada.
Los especialistas también advierten que Costa Rica ya cuenta con un marco regulatorio amplio en esta materia, que incluye la Ley de Gestión Integral de Residuos, la Ley para combatir la contaminación por plástico, así como reglamentos, políticas y planes nacionales de gestión de residuos vigentes.
Desde esta perspectiva, el debate legislativo debería enfocarse en mejorar la implementación del marco existente, antes que en introducir nuevas obligaciones regulatorias.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en estudio en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, donde deberá discutirse y eventualmente dictaminarse antes de continuar su trámite legislativo.
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