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Protección de datos en colegios: lo que ya están sancionando las autoridades

La protección de datos se ha convertido en un riesgo real para los centros educativos.

Las autoridades están intensificando el control y las sanciones ya reflejan un cambio de criterio.

Bloque 1 – Incidentes de seguridad

Las brechas de seguridad siguen siendo uno de los principales riesgos para los centros educativos.

Este caso pone de relieve la necesidad de adoptar medidas efectivas y de actuar con rapidez y diligencia ante incidentes que puedan afectar a datos personales.

Una imagen que muestra un espacio arquitectónico moderno con escaleras en el fondo y paredes blancas predominantes.

Brecha de seguridad y resoluciones de la AEPD

Enero 2026

El robo de un portátil en un centro educativo ha derivado en una sanción de 5.000€ por parte de la AEPD tras una brecha de seguridad que afectó a cientos de registros.

La autoridad considera insuficientes las medidas adoptadas, destacando la falta de cifrado del dispositivo y de controles físicos adecuados, así como el retraso en la comunicación de la brecha a los afectados.

El caso deja una conclusión clara: no basta con implantar medidas de seguridad, deben ser efectivas y aplicarse correctamente, junto con una respuesta ágil y transparente ante incidentes.

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Bloque 2 | Plataformas digitales

El uso de plataformas digitales en colegios está en el punto de mira de las autoridades.

Los casos analizados evidencian que no basta con implantar herramientas como Google Workspace: es clave delimitar la finalidad, garantizar la transparencia y evaluar los riesgos, especialmente en el tratamiento de datos de menores.

Una mesa de madera con un ordenador portátil, una taza de café, y velas encendidas.

Febrero 2026

Sanción a la Consejería de Educación de Andalucía por incumplimientos derivados del uso de Google Workspace

El uso de Google Workspace for Education en centros públicos andaluces ha sido objeto de sanción por parte del CTPDA tras detectarse diversos incumplimientos en materia de protección de datos.

Entre los principales puntos señalados: falta de transparencia, ausencia de privacidad desde el diseño, deficiencias en las transferencias internacionales y la no realización de una evaluación de impacto previa.

La conclusión es clara: la implantación de herramientas digitales en el ámbito educativo exige algo más que su adopción tecnológica; requiere un control efectivo de los tratamientos y un enfoque de cumplimiento sólido y alineado con la normativa.

Una vista aérea de una multitud de personas caminando por una acera sobre un pavimento de adoquines.

Marzo 2026

Sanción por el uso de Google Workspace for Education a un centro educativo

Una sanción de 20.000€ pone en cuestión el uso de Google Workspace for Education en un centro educativo.

La AEPD detecta fallos clave: tratamientos sin base jurídica clara, falta de transparencia hacia los interesados y una evaluación de impacto insuficiente.

El mensaje es claro: el uso de plataformas digitales en el entorno educativo no se presume lícito por su finalidad docente. Requiere justificar cada tratamiento, informar adecuadamente y evaluar los riesgos de forma efectiva.

Bloque 3 – Uso de imágenes

La publicación de imágenes de alumnos continúa siendo un área especialmente sensible.

Las autoridades exigen consentimientos válidos y verificables, así como políticas de conservación proporcionadas y alineadas con la normativa.

Una cámara antigua está situada sobre una superficie blanca, rodeada de libros apilados.

Sanción a Fundación Trilema por publicación de imágenes sin consentimiento

Abril 2026

La AEPD ha sancionado a Fundación Trilema con 6.000€ por la publicación de imágenes en redes sociales sin contar con un consentimiento válido.

La resolución pone de relieve la falta de acreditación del consentimiento —incluida la ausencia de autorizaciones firmadas y el uso de consentimientos verbales—, así como una política de conservación indefinida considerada desproporcionada.

El caso evidencia la necesidad de contar con consentimientos claros, documentados y verificables, así como de establecer plazos de conservación adecuados y alineados con la normativa.