Panamá avanza a fortalecer su ecosistema para ser un competitivo hub de negocios

En julio de 2025, el Parlamento Europeo aprobó la retirada de Panamá de la lista de la Unión Europea de terceros países de alto riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta lista se basa en evaluaciones alineadas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se considera que los países incluidos en la lista presentan deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lo que afecta a su acceso a los sistemas financieros internacionales e impone un escrutinio adicional de las transacciones en las que intervienen esas jurisdicciones.

Panamá figuraba en la lista desde 2020, pero tras una serie de reformas legales e institucionales, incluidas actualizaciones de sus sistemas de supervisión financiera, marcos regulatorios y normas de transparencia, la Comisión Europea propuso la retirada a principios de este año. La decisión final llegó con el respaldo formal del Parlamento Europeo.

Esta medida se considera un gran paso adelante para la reputación mundial de Panamá, especialmente en los sectores financiero y jurídico. Se espera que reduzca las barreras de cumplimiento para las empresas panameñas que interactúan con socios e instituciones financieras europeas, que mejore la confianza de los inversores y refuerce el posicionamiento del país como centro financiero y de negocios internacional.

En definitiva que reconocemos el mérito que tiene esta decisión y las consecuencias positivas que puede tener en el marco de la economía global de Panamá, pero un suceso jurídico como este amerita una disertación en las áreas que de manera obvia son afectadas, pero también del rompecabezas invisible pero imprescindible del que Panamá como nación, también forma parte. 

Qué es la lista y cómo Panamá llegó a formar parte.

Panamá fue incluida en dos importantes listas de vigilancia internacionales relacionadas con la delincuencia financiera: la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la lista de terceros países de alto riesgo de la Unión Europea. Estas listas se mantienen para identificar jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estar en una u otra lista somete a un país a un mayor escrutinio, dificulta el acceso de las empresas locales a los sistemas bancarios internacionales y a menudo desalienta la inversión extranjera debido a los riesgos percibidos en materia de reputación y cumplimiento.

La lista de terceros países de alto riesgo de la UE se basa en parte en las conclusiones del GAFI, pero se aplica dentro de la Unión Europea y afecta al modo en que las instituciones financieras de la UE interactúan con las entidades de los países incluidos en la lista. En concreto, las empresas de la UE deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia al hacer negocios con personas o empresas de estas jurisdicciones.

Panamá fue incluido por primera vez en la lista gris del GAFI en junio de 2019, después de que el GAFI determinara que el país tenía debilidades estratégicas en su marco para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, particularmente en torno a la transparencia de los beneficiarios finales y la efectividad de las acciones de cumplimiento. En respuesta a esta inclusión, la Unión Europea añadió a Panamá a su propia lista de terceros países de alto riesgo en mayo de 2020, desencadenando una serie de obligaciones de cumplimiento más estrictas para las instituciones financieras de la UE que tratan con entidades panameñas.

Desde entonces, Panamá emprendió reformas significativas, incluidas actualizaciones de su marco legal, una mayor regulación de los sectores no financieros, y mejoras en la supervisión y el cumplimiento. Tras evaluar los progresos, el GAFI retiró a Panamá de la lista gris en octubre de 2023. A continuación, el Parlamento Europeo ha tomado la decisión de remover a Panamá de su lista. 

Esta eliminación marca un punto de inflexión para Panamá, señalando una mayor alineación con las normas internacionales y ofreciendo una confianza renovada a la comunidad empresarial e inversora mundial. Es necesario no perder de vista que en el escenario de las inversiones internacionales, un marco jurídico robusto y un alto estándar de cumplimiento, son valores con los que Panamá en definitiva quiere ser asociado. 

Los esfuerzos jurídicos y institucionales de Panamá por fortalecer su ecosistema.

La salida de Panamá de la lista gris del GAFI y de la lista de terceros países de alto riesgo de la Unión Europea fue el resultado de un esfuerzo de reforma de varios años que se centró en fortalecer tanto su marco jurídico como su capacidad institucional para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Uno de los hitos clave fue la reforma de la Ley 23 de 2015, la principal ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) del país. Panamá introdujo requisitos más estrictos en torno a la debida diligencia con los clientes, la identificación de beneficiarios finales y las obligaciones de notificación. Esto incluyó la aprobación de la Ley 129 de 2020, que estableció un registro centralizado y privado de beneficiarios finales de personas jurídicas, una de las medidas más importantes para aumentar la transparencia y abordar las preocupaciones sobre el uso indebido de estructuras corporativas anónimas.

Paralelamente, el país llevó a cabo importantes reformas institucionales. Potenció la Unidad de Análisis Financiero (UAF) , aumentando su capacidad para detectar e investigar transacciones sospechosas y mejorando su capacidad para compartir información con las autoridades nacionales e internacionales. Reconociendo la vulnerabilidad de sectores como el inmobiliario, el jurídico y el de los juegos de azar, el gobierno creó también un nuevo regulador: la Superintendencia de Sujetos No Financieros, encargada de supervisar y hacer cumplir la normativa a las empresas y profesiones no financieras designadas. Con estas medidas se pretendía colmar lagunas normativas fundamentales que antes limitaban la supervisión.

Otro ámbito importante de la reforma fue la fiscalización del cumplimiento. La comunidad internacional, en particular el GAFI, no sólo exigió a Panamá que aprobara legislación, sino también que demostrara la aplicación real de esas leyes. En respuesta, Panamá aumentó significativamente el número de investigaciones, enjuiciamientos y sanciones relacionadas con delitos financieros, mostrando un nivel mensurable de eficacia. El país también reforzó la coordinación entre los reguladores, las fuerzas del orden y el poder judicial, incluida la creación de unidades especializadas y programas de formación para garantizar una aplicación coherente de las normas.

A través del lente empresarial, qué significa este acontecimiento.

Desde una perspectiva empresarial, la eliminación de Panamá de la lista de alto riesgo de la UE es mucho más que una victoria diplomática, es un cambio estratégico que afecta directamente a la forma en que operamos, atraemos inversiones y nos posicionamos a nivel mundial. Como abogado que trabaja en estrecha colaboración con startups, inversores y clientes multinacionales, lo veo como una luz verde para que las transacciones internacionales sean más fluidas, se restablezca la confianza en nuestro sistema financiero y se reduzcan las fricciones normativas a la hora de hacer negocios con nuestros homólogos europeos. Durante años, figurar en esa lista significaba añadir capas de debida diligencia, retrasos en los pagos transfronterizos y una sensación general de cautela por parte de bancos y socios extranjeros. Ahora, con Panamá fuera de la lista, estamos recuperando la credibilidad, lo que debe traducirse en ventajas concretas: un acceso más fácil al capital, menos barreras de cumplimiento y un mejor entorno para las fintech, las estructuras corporativas y la negociación internacional.

Pero también es una llamada de atención. Salir de la lista demuestra que somos capaces de alinearnos con los estándares globales, pero permanecer fuera de ella requerirá disciplina, transparencia y un cumplimiento más inteligente en todos los sectores. Este es un momento crucial para el sector privado panameño, especialmente para los emprendedores y las empresas que quieren crecer a escala mundial. Ahora tenemos la oportunidad, y la responsabilidad, de construir con integridad, sabiendo que el mundo nos observa, pero también, que está dispuesto a colaborar con nosotros para el beneficio de toda relación empresarial de carácter internacional.

En conclusión, qué valor representan estas calificaciones en el escenario global actual.

El poder conferido a los organismos internacionales para determinar la seguridad jurídica y grado de colaboración para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo es esencial frente a una realidad donde estos dos fenómenos se presentan como reales amenazas al orden mundial. 

La labor de Panamá no se propone concluir con este sólo acontecimiento, es necesario reconocer el potencial que tenemos para las economías internacionales, el desarrollo de nuevas tecnologías y por supuesto, nuestra privilegiada posición geográfica. De la mano con potenciar las fortalezas que ostentamos, no debemos bajar la guardia en seguir moldeando nuestro marco jurídico y sistema financiero para disminuir el alcance del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, pero en definitiva que esta noticia, ha sido un acierto en la dirección correcta.