La verificación de la edad en internet, la protección a menores y la tensión a la privacidad
En el debate digital contemporáneo hay pocas causas tan incuestionables como la protección de niños, niñas y adolescentes en internet. Sin embargo, bajo esa noble finalidad se esconde una de las tensiones más complejas del ecosistema digital actual ¿cómo avanzar en la protección de los menores sin comprometer la privacidad de las personas?
La verificación de edad en línea se ha posicionado como la solución predilecta de legisladores y plataformas. Países de distintas latitudes avanzan en regulaciones que buscan impedir el acceso de menores a ciertos contenidos o incluso a redes sociales completas. El problema es que, en la práctica, estas medidas trasladan el costo de la protección infantil a toda la ciudadanía ya que todos los adultos que usan esas plataformas quedan sometidos a una recolección masiva de datos biométricos, documentos de identidad y hábitos de navegación.
La paradoja de proteger vigilando
El objetivo de estas medidas es legítimo, y precisamente es evitar que menores se expongan a contenidos que pueden ser inadecuados, dañinos o dinámicas digitales perjudiciales, sin embargo, existen mecanismos profundamente intrusivos.
Para verificar la edad, las plataformas están recurriendo a métodos que incluyen:
- Escaneo de documentos de identidad
- Reconocimiento facial
- Análisis biométrico
- Monitoreo del comportamiento digital
Esto implica que millones de usuarios, mayoritariamente adultos, deben entregar datos extremadamente sensibles solo para acceder a servicios básicos en internet. La pregunta es inevitable: ¿por qué alguien debería subir su cédula de identidad o una imagen, que, al ser procesada mediante sistemas de reconocimiento, podría convertirse en un dato biométrico, para ver un contenido en línea?
Sistemas imperfectos ante riesgos reales
Más preocupante aún es que estos sistemas no solo son intrusivos, sino también ineficaces. Diversos expertos han advertido que las soluciones actuales pueden eludirse fácilmente mediante VPN, cuentas prestadas o herramientas de inteligencia artificial. En otras palabras, los menores, a través de diferentes herramientas pueden seguir accediendo a los contenidos, mientras que los usuarios comunes quedan expuestos.
Peor aún, estos mecanismos crean nuevas superficies de riesgo ya que sistemas diseñados para proteger a los menores pueden terminar vulnerando su propia seguridad, al exponer datos de ellos (que intentan ingresar) y de miles de adultos que ingresan legítimamente.
¿Datos sensibles en manos equivocadas?
Desde una perspectiva de protección de datos, el uso de biometría y documentos oficiales para verificar la edad plantea serios problemas de proporcionalidad. No se trata de cualquier información, sino de datos sensibles cuyo tratamiento exige los más altos estándares de seguridad y licitud, lo cual, al parecer, no se estaría cumpliendo.
La acumulación de estos datos por parte de plataformas privadas (muchas veces sin total transparencia sobre su uso) abre la puerta a riesgos estructurales:
- Filtraciones masivas
- Uso secundario de datos (profiling, vigilancia)
- Transferencias internacionales, sin ningún control efectivo
- Creación de infraestructuras de identificación digital permanentes
En términos simples, estamos construyendo una arquitectura donde el anonimato podría desaparecer.
¿Es inevitable esta tensión?
No necesariamente. El propio desarrollo regulatorio europeo ofrece una pista relevante, ya que no toda protección requiere identificación. Modelos basados en “tokens anónimos” o credenciales verificables permiten acreditar mayoría de edad sin revelar identidad. Asimismo, iniciativas como las carteras de identidad digital buscan justamente compatibilizar seguridad y privacidad.
El principio jurídico clave es la minimización de datos. Si el objetivo es saber si alguien es mayor de edad, no es necesario saber quién es esa persona.
Una advertencia para Chile
Chile se encuentra en pleno proceso de modernización de su marco de protección de datos personales, por lo que este debate es muy atingente a nuestra realidad.
Proteger a los menores en internet es una obligación ética y jurídica, pero hacerlo a costa de la privacidad de toda la población no solo es desproporcionado: sino que es contraproducente.
¿Queremos un internet más seguro o un internet más vigilado? La respuesta va en el diseño, no en la intención.
