La llamada “Ley Antimemes”: qué se aprobó, qué no y qué deben revisar las empresas
Durante las últimas semanas ha circulado en redes sociales y en diversos medios de comunicación la idea de que en México “se prohibieron los memes”. Sin embargo, conviene precisar los alcances de esta afirmación: bajo la denominación de “Ley Antimemes” se han agrupado dos reformas de contenido y estado legislativo distintos. La primera, relativa a la Ley Federal del Derecho de Autor, continúa su trámite ante el Senado de la República; la segunda, que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, fue aprobada por ambas cámaras el 21 de octubre de 2026 y remitida al Ejecutivo Federal. Ninguna contempla una prohibición general de los memes, y es indispensable distinguir entre aprobación legislativa, publicación oficial y entrada en vigor.
La primera iniciativa corresponde a una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de responsabilidad secundaria de proveedores de servicios de internet, presentada el 1 de junio de 2026 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El proyecto reforma el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de dicho ordenamiento, con el propósito de establecer nuevas obligaciones y supuestos de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet y otros intermediarios digitales respecto de las infracciones a derechos de autor y derechos conexos cometidas por sus usuarios.
En términos generales, la iniciativa contempla que los proveedores de servicios de internet cuenten con políticas públicas y accesibles para sus usuarios que permitan suspender o cancelar la prestación del servicio a quienes infrinjan reiteradamente derechos de autor. Asimismo, establece supuestos de responsabilidad por daños y perjuicios cuando los intermediarios incumplan las obligaciones legales aplicables, sin perjuicio de las sanciones administrativas que, en su caso, pueda imponer el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Entre las sanciones propuestas se contemplan multas de hasta 40,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes aproximadamente a $4.69 millones de pesos, conforme al valor vigente de la UMA en 2026, además de posibles sanciones adicionales en caso de persistir el incumplimiento.
Es importante señalar que la protección de los derechos de autor y derechos conexos no se limita a imágenes, sino que puede comprender obras audiovisuales, musicales, fonogramas, videogramas y otros contenidos protegidos. Esto también puede resultar relevante para determinados materiales elaborados mediante herramientas de inteligencia artificial, particularmente cuando incorporen, reproduzcan o transformen elementos de obras preexistentes protegidas, sin que ello signifique que todo contenido generado mediante inteligencia artificial constituya, por sí mismo, una infracción.
En la práctica, la reforma busca reforzar el esquema de aviso y retiro de contenidos incorporado a la Ley Federal del Derecho de Autor en 2020, derivado de los compromisos asumidos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Durante su discusión legislativa se plantearon diversas reservas encaminadas a fortalecer las salvaguardas de libertad de expresión y debido proceso, incluyendo propuestas para exigir una resolución judicial previa a determinadas medidas de suspensión del servicio; sin embargo, dichas propuestas no prosperaron.
Por su parte, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como ARTICLE 19, han advertido sobre el riesgo de generar un efecto inhibidor o chilling effect, consistente en que, ante la posibilidad de recibir sanciones, las plataformas digitales opten por retirar contenidos preventivamente, incluso cuando todavía no se haya determinado si existe una infracción.
En cuanto a su estado legislativo, el dictamen fue aprobado el 29 de septiembre de 2026 por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 7 de octubre de 2026, el Pleno de dicha Cámara aprobó el proyecto, con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La minuta fue remitida al Senado de la República, donde fue recibida el 13 de octubre de 2026 y turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación. Al corte de esta actualización, la reforma no había concluido su procedimiento legislativo. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados contempla, además, que su entrada en vigor ocurra a los 180 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, plazo sujeto a lo que establezca el texto definitivo.
Ahora bien, por lo que respecta a la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, en materia de identidad gráfica institucional y protección contra diversas conductas de piratería y falsificación, es precisamente este segundo proyecto el que ha dado mayor notoriedad a la denominación de “Ley Antimemes”.
El artículo 403 Bis que se propone incorporar a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contempla sanciones para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, los dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de inducir al error o engaño respecto del origen oficial de una comunicación, documento, plataforma o servicio, y con la intención de cometer un ilícito.
El texto originalmente sometido a discusión contemplaba penas de tres a siete años de prisión. Sin embargo, a raíz de las observaciones y críticas formuladas durante el proceso legislativo, el Senado introdujo modificaciones relevantes.
Por una parte, redujo la pena a un rango de uno a cinco años de prisión, además de una multa de 1,000 a 10,000 UMA, equivalente aproximadamente a un rango de $117,310 a $1,173,100 pesos, conforme a los valores correspondientes a 2026.
Por otra parte, precisó que la conducta sancionable debe tener como finalidad inducir al error o engaño respecto del origen oficial de determinados contenidos, con la intención de cometer un ilícito. Estos elementos, junto con el requisito de escala comercial, constituyen condiciones relevantes para la configuración de la conducta prevista en el proyecto.
La reforma también contempla otras modificaciones dirigidas a fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo penas de cuatro a diez años de prisión para determinados supuestos de distribución no autorizada de obras antes de su lanzamiento oficial, así como modificaciones al régimen sancionador relacionado con la comercialización de mercancías que ostenten marcas falsificadas.
El Ejecutivo Federal ha sostenido que el objetivo de estas disposiciones es combatir la suplantación de instituciones públicas, la falsificación y los fraudes cometidos mediante el uso indebido de elementos de identidad oficial, incluidos aquellos que puedan realizarse a través de medios digitales.
En contraste, legisladores de oposición y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han señalado que el proyecto debió contemplar una exclusión expresa para la parodia, la sátira, la caricatura política y el trabajo periodístico, a fin de evitar posibles interpretaciones que pudieran restringir indebidamente el ejercicio de la libertad de expresión.
Respecto de su avance legislativo, el Senado de la República aprobó la reforma el 30 de septiembre de 2026 y remitió la minuta a la Cámara de Diputados.
Posteriormente, el 20 de octubre de 2026, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la minuta sin modificaciones, con 23 votos a favor y 10 en contra. El 21 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma en lo general y en lo particular, sin modificaciones al texto remitido por el Senado, por lo que fue enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
La aprobación por ambas cámaras no equivale, por sí misma, a la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. Su aplicación depende de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación y de lo establecido en su régimen transitorio.
¿Realmente se están prohibiendo los memes?
De lo anterior se desprende que ninguno de los dos proyectos establece una prohibición general de los llamados “memes”, como se ha difundido en algunos medios de comunicación.
No obstante, las preocupaciones expresadas durante el debate legislativo merecen un análisis jurídico más amplio.
Por una parte, la Ley Federal del Derecho de Autor no contempla de manera expresa una excepción general para la parodia o la sátira dentro de las limitaciones a los derechos patrimoniales de autor. En este sentido, debe considerarse que muchos memes incorporan imágenes, fragmentos audiovisuales, fotografías u otras obras protegidas, por lo que su utilización puede requerir un análisis individualizado conforme a las disposiciones legales aplicables, las autorizaciones existentes y las posibles limitaciones o excepciones al derecho de autor.
En particular, el establecimiento de nuevas obligaciones y riesgos de responsabilidad para los intermediarios digitales podría incentivar políticas de retiro preventivo de contenidos, incluso en situaciones en las que existan argumentos jurídicos para sostener la licitud de su utilización.
Por otra parte, tratándose del artículo 403 Bis propuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los requisitos de escala comercial, inducción al error o engaño e intención de cometer un ilícito delimitan de manera importante la conducta sancionable.
Sin embargo, la ausencia de una exclusión expresa para actividades periodísticas, paródicas o satíricas mantiene abierto el debate sobre los alcances de su interpretación y aplicación, particularmente a la luz de los principios constitucionales de legalidad, taxatividad penal y libertad de expresión.
¿Qué deben revisar las empresas?
Ante la aprobación legislativa de la reforma penal y de propiedad industrial y la continuidad del trámite de la reforma en materia de derechos de autor, resulta conveniente que las empresas anticipen una revisión de sus políticas y prácticas de propiedad intelectual y comunicación digital, distinguiendo las medidas preventivas de las obligaciones que efectivamente entren en vigor.
Para las plataformas digitales y los proveedores de servicios de internet, será recomendable evaluar sus mecanismos de aviso y retiro de contenidos, documentar sus procedimientos y tiempos de respuesta, así como revisar las políticas aplicables a usuarios reincidentes, procurando que cualquier medida de suspensión o cancelación respete las garantías y los procedimientos legalmente exigibles.
En el caso de las áreas de marketing, publicidad y comunicación corporativa, resulta conveniente auditar la utilización de imágenes, fotografías, música, videos y otros contenidos de terceros en campañas comerciales y redes sociales, verificando la existencia de licencias, autorizaciones o fundamentos jurídicos suficientes para su utilización.
Esta revisión también debe comprender los contenidos elaborados con herramientas de inteligencia artificial, especialmente cuando incorporen obras preexistentes, reproduzcan elementos protegidos o puedan involucrar derechos de autor, derechos conexos, derechos de imagen u otros derechos de terceros.
Asimismo, las empresas que prestan servicios al sector público o que desarrollan campañas, plataformas y comunicaciones vinculadas con instituciones gubernamentales deberán verificar que el uso de logotipos, emblemas, dominios electrónicos, documentos e identidad gráfica oficial se encuentre debidamente autorizado y corresponda al alcance de las actividades contratadas.
Finalmente, será conveniente que las empresas documenten sus autorizaciones y licencias, actualicen sus políticas internas de propiedad intelectual y establezcan procedimientos para identificar y atender oportunamente posibles reclamaciones relacionadas con contenidos digitales.
Conclusión
La discusión en torno a la denominada “Ley Antimemes” pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, la prevención del fraude y la suplantación de identidad institucional, y la tutela de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.
Aunque ninguna de las dos reformas establece una prohibición general de los memes, sus efectos jurídicos deben analizarse por separado: la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ya fue aprobada por ambas cámaras, mientras que la modificación propuesta a la Ley Federal del Derecho de Autor aún se encuentra en trámite legislativo. Ambas podrían incidir, de manera distinta, en los riesgos y obligaciones de empresas, plataformas digitales, proveedores de servicios de internet y creadores de contenido.
Por ello, más allá de las denominaciones utilizadas en el debate público, será fundamental verificar la publicación y entrada en vigor del decreto relativo al Código Penal Federal y a la propiedad industrial, así como dar seguimiento al texto definitivo y a las disposiciones transitorias de la reforma en materia de derechos de autor. También deberán observarse los criterios que eventualmente adopten las autoridades competentes para su aplicación.
En ECIJA México damos puntual seguimiento a ambas reformas y a sus posibles implicaciones en materia de propiedad intelectual, responsabilidad de intermediarios digitales y protección de la identidad institucional. Nuestro equipo está preparado para asesorar a empresas, plataformas digitales y titulares de derechos en la evaluación de sus riesgos legales y en la implementación de medidas de cumplimiento conforme resulten exigibles las disposiciones correspondientes.