La justicia mexicana abre paso a la IA
En las postrimerías de tres décadas del Poder Judicial tal como lo conocemos, y frente a la expectativa de cambios profundos con el nuevo que surgirá a partir del 1 de septiembre, aparecen señales que no deben pasar inadvertidas.
Apenas en julio la Suprema Corte resolvió que la inteligencia artificial (IA) no puede ser autora, siendo el ser humano el único sujeto reconocido con esa calidad. Estamos en espera de que se publique la sentencia con los ajustes sobre la titularidad de las obras generadas con IA, pues, como era de esperarse, lo considerado en origen sobre que se trataba de obras en el dominio público generó sorpresa e inquietud.
El contraste resulta llamativo. Mientras la Corte zanjó el debate en materia de derechos de autor, en un Tribunal Colegiado del Edomex ya se reconoce a la IA como auxiliar en el quehacer jurisdiccional. Así, lo que en un caso aclara los límites de la creatividad, en otro empieza a transformar también la forma en que los jueces resuelven cuestiones prácticas en su quehacer cotidiano.
El asunto de fondo está relacionado con una sucesión. Las albaceas promovieron un juicio para defender dos terrenos. El juez de distrito en Naucalpan condicionó la inscripción del juicio en el Registro Público a una garantía económica, cuyo monto fue impugnado por carecer de parámetros objetivos. Fue ahí donde el tribunal colegiado optó por un camino inédito: apoyarse en la IA para realizar los cálculos necesarios y fijar de manera más transparente el monto.
La sentencia explica que la IA no sustituye a la labor de los juzgadores, sino que actúa como un auxiliar, permitiendo realizar operaciones numéricas de manera más eficiente y verificable. Con ello se busca reducir errores, dar transparencia a los procesos, estandarizar criterios y liberar tiempo para el análisis de fondo de los casos. La función esencial de impartir justicia permanece en manos humanas, pero ahora acompañada de herramientas que fortalecen la motivación, la coherencia y la confianza en las decisiones.
Con un criterio prudente, el tribunal definió parámetros para el uso ético y responsable de la IA, atendiendo a los derechos humanos. No se quedó en la teoría: incluyó hasta un modelo de prompt en la propia sentencia, como guía para que cualquier juzgador pueda replicar cálculos con herramientas como ChatGPT, Gemini o Grok, siempre bajo supervisión humana. Además, fundamentó su razonamiento en referentes internacionales como las Directrices Éticas y el Reglamento europeo de IA y la Recomendación de la Unesco sobre la materia, colocando así a México en sintonía con los más altos estándares internacionales.
Tan novedosa es la sentencia que el Semanario Judicial de la Federación la recogió en dos tesis aisladas, publicadas apenas el 22 de agosto, que envían mensajes claros. La primera establece que la IA es una herramienta válida en procesos jurisdiccionales para calcular montos de garantías en juicios de amparo. La segunda fija los elementos mínimos para un uso ético y responsable atendiendo a los derechos humanos, siempre bajo la premisa de que la supervisión y la decisión corresponden en última instancia a las personas juzgadoras.
No es un paso menor. Con estas decisiones, México se suma a otros sistemas judiciales que han dado la bienvenida a la IA como auxiliar en la administración de justicia. En Europa, Canadá e incluso en Estados Unidos se han ensayado programas similares, siempre bajo la lógica de que la IA no dicta sentencias, pero sí puede servir para agilizar cálculos, sistematizar precedentes y transparentar procesos. Con estas tesis, nuestro país da sus primeros pasos en esa misma dirección.
En vísperas de la nueva etapa que se avecina, este precedente envía un mensaje claro: la IA ya forma parte de la caja de herramientas disponibles para la justicia mexicana. El reto será que los nuevos juzgadores que asuman funciones den continuidad a esta apertura y la fortalezcan con una actuación ética y responsable. Porque no hay de otra: la IA ya está aquí y debe utilizarse como un verdadero apoyo para que la justicia sea más pronta, transparente y eficaz.
