El marco jurídico de la protección civil ante sismos en México
El sistema de protección civil en México frente a fenómenos sísmicos articula competencias, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. El objetivo principal de este marco es proteger la seguridad de la población, mitigar riesgos y establecer protocolos de actuación ante emergencias derivadas de movimientos telúricos.
Marco jurídico federal
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la vida y faculta al Congreso para emitir las leyes que establezcan las bases para la coordinación de los diversos órdenes de gobierno en la materia.
La Ley General de Protección Civil constituye el eje normativo del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Esta ley establece los componentes del sistema, sus atribuciones y en especial que su coordinación recaerá en la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, establece la relevancia de los convenios de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales, e incorpora el fomento de la participación social, en especial en acciones preventivas. Su reglamento complementa estas disposiciones al detallar objetivos, atribuciones y requerimientos.
Asimismo, diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) regulan aspectos técnicos vinculados a la protección civil, como señalización, construcción segura y protocolos de evacuación.
Destaca igualmente en la materia el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que es la institución técnica-científica encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, la integración del Atlas Nacional de Riesgos y la conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil.
Marco jurídico local
Corresponde a cada entidad federativa emitir su legislación en la materia. Como ejemplo de lo anterior, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México que establece principios de acción de las autoridades involucradas, como son, entre otros, prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas, inmediatez y eficiencia en la prestación del auxilio, máxima publicidad y participación social.
El Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México detalla las atribuciones institucionales, así como la coordinación entre autoridades. El Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México es el instrumento rector y constituye el marco de elaboración para los Programas de las Alcaldías y los Programas Específicos.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) es la dependencia de la administración pública de la Ciudad de México con atribuciones especializadas en la materia.
No está por demás resaltar la relevancia de la regulación administrativa en la materia, ej. en el caso de los reglamentos locales de construcción que incorporan criterios de seguridad estructural ante sismos, así como las normas que permiten verificar el cumplimiento de las edificaciones.
Adicionalmente, los municipios y alcaldías realizan diversas acciones en la materia, como son la operación de refugios temporales, la difusión de alertas sísmicas y la activación de brigadas comunitarias de emergencia.
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