Identidad digital segura en sectores críticos

La digitalización de los sectores TELCO, energético y asegurador ha impulsado la eficiencia operativa, pero también ha aumentado los riesgos de suplantación de identidad en la contratación online. Ante esta amenaza creciente, los Servicios Electrónicos de Confianza, regulados por el Reglamento eIDAS, se posicionan como soluciones clave para garantizar la autenticidad de las transacciones, reforzar la seguridad jurídica y cumplir con las exigencias normativas. La incorporación de servicios cualificados como certificados electrónicos, entrega certificada y sellos digitales permite prevenir el fraude, proteger al consumidor y fortalecer la reputación corporativa.

1. Contexto sectorial y retos jurídicos emergentes

La digitalización acelerada en los sectores de telecomunicaciones, energía y seguros ha transformado los modelos de relación con clientes, facilitando procesos como la contratación remota, la gestión documental y el servicio postventa a través de canales electrónicos. Esta evolución ha supuesto avances significativos en términos de eficiencia operativa, escalabilidad comercial y accesibilidad de los servicios.

Sin embargo, esta nueva realidad también ha incrementado la exposición de las organizaciones a riesgos derivados del fraude en la identidad, especialmente en procedimientos donde no se garantiza adecuadamente la autenticidad del usuario. En numerosos casos, la suplantación de identidad mediante el uso de documentos robados, datos personales obtenidos ilícitamente o perfiles falsos ha generado situaciones de contratación indebida, reclamaciones fraudulentas, impagos y conflictos judiciales que afectan directamente a la viabilidad operativa y reputacional de las empresas afectadas.

Las prácticas tradicionales de verificación de identidad, como el envío de fotocopias del DNI o la simple introducción de datos, han demostrado ser insuficientes ante el creciente nivel de sofisticación de estas modalidades de fraude. Este tipo de vulnerabilidades puede acarrear responsabilidad legal para las entidades operadoras, además de sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha subrayado la necesidad de aplicar medidas diligentes, proporcionales y seguras en el tratamiento de datos personales y en la comprobación de la identidad de los titulares.

Paralelamente, los organismos reguladores sectoriales como la CNMC también han puesto el foco en prácticas comerciales que no incorporan sistemas efectivos de control documental ni evidencias técnicas suficientes para acreditar el consentimiento informado de los clientes. En este sentido, tanto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo apuntan hacia una exigencia jurídica creciente para los operadores de servicios digitales, especialmente en sectores con alto volumen de contratación a distancia.

Desde ECIJA Abogados, consideramos que este panorama configura un reto jurídico transversal para las compañías: evolucionar hacia modelos digitales que incorporen soluciones técnicas con respaldo normativo, capaces de reducir el riesgo de suplantación de identidad sin comprometer la experiencia de usuario. Para ello, resulta clave implementar medidas auditables y trazables, establecer protocolos internos claros y apostar por servicios electrónicos de confianza como herramientas estratégicas para blindar la seguridad jurídica en las relaciones comerciales digitales.

2. Fraude por suplantación de identidad: impacto y respuesta normativa

El fraude por suplantación de identidad se ha consolidado como una de las principales amenazas en la contratación electrónica dentro de los sectores de telecomunicaciones, energía y seguros. Este fenómeno, caracterizado por el uso indebido de datos personales o documentos falsificados para acceder a productos o servicios en nombre de terceros, ha proliferado ante la creciente migración de los procesos de alta, modificación o reclamación hacia entornos digitales.

En el ámbito TELCO, se han multiplicado los casos de contratación de líneas móviles y duplicados de tarjetas SIM realizados con identidades suplantadas, lo que ha generado reclamaciones por servicios no contratados, impagos y litigios entre usuarios y operadores. El impacto ha sido tal que se ha aprobado normativa específica como la Orden TDF/149/2025, que impone obligaciones reforzadas de verificación para las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones electrónicas, especialmente en lo que respecta a la identificación de llamadas comerciales y la contratación no presencial.

Por su parte, el sector asegurador ha registrado un aumento significativo en la suscripción de pólizas fraudulentas, empleando DNIs sustraídos o falsificados con el propósito de obtener coberturas ilícitas o reclamaciones indemnizatorias sin derecho legítimo. Según los últimos informes de ICEA, estas prácticas han crecido más del 18% en algunas tipologías de seguros, especialmente los de salud y automóviles, afectando tanto a la solvencia técnica de las aseguradoras como a su exposición al fraude interno.

En el sector energético, varias comercializadoras han denunciado contrataciones no autorizadas mediante datos personales obtenidos ilícitamente. La suplantación de identidad ha permitido dar de alta suministros eléctricos y de gas, generando deudas en nombre de personas ajenas a la operación. Asimismo, prácticas como el phishing energético —en las que se hace pasar por compañías del sector para capturar información bancaria o de identidad— han sido objeto de advertencia por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha alertado sobre el incremento del riesgo en entornos digitales no suficientemente securizados.

Desde el punto de vista normativo y judicial, tanto la AEPD como el Tribunal Supremo han reiterado en distintas resoluciones la exigencia de implementar sistemas eficaces de verificación de identidad que permitan acreditar no solo el consentimiento informado, sino la vinculación fehaciente entre el usuario y los datos utilizados en la transacción. La mera exhibición de un documento identificativo, sin un proceso verificable, ya no se considera suficiente en contextos digitales. Esta nueva doctrina requiere que las compañías adopten soluciones que proporcionen trazabilidad técnica, respaldo normativo y proporcionalidad en el tratamiento de datos personales. 

En definitiva, el fraude por suplantación de identidad no es solo un problema operativo o de seguridad informática, sino un asunto de gran relevancia jurídica, comercial y reputacional que exige respuestas estructurales. Desde ECIJA Abogados, recomendamos a las entidades de estos sectores analizar sus actuales procesos de onboarding y contratación digital, para identificar brechas legales y adoptar medidas correctoras que garanticen la autenticidad del cliente y el cumplimiento regulatorio.

3. Servicios de confianza cualificados como solución para prevenir el fraude digital

Ante la creciente sofisticación de las técnicas de fraude por suplantación de identidad en entornos digitales, los mecanismos tradicionales de verificación han dejado de ser eficaces para garantizar la autenticidad del usuario. Las organizaciones de los sectores TELCO, energético y asegurador se enfrentan al reto de implementar herramientas jurídicas y tecnológicas que proporcionen seguridad, trazabilidad y validez legal a sus procesos de contratación electrónica, sin afectar negativamente la experiencia de usuario ni comprometer la protección de datos.

En este contexto, los Servicios Cualificados de Confianza, regulados por el Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS), se configuran como soluciones jurídicas avanzadas, capaces de dotar de respaldo normativo a las transacciones digitales y de prevenir el uso fraudulento de identidades en procesos críticos de negocio.

Los Prestadores Cualificados de Servicios de Confianza (PSC) operan bajo estrictos requisitos de supervisión, certificación y auditoría, lo que permite a las empresas delegar en ellos los procesos de identificación, autenticación y firma electrónica, conforme a estándares europeos reconocidos en toda la Unión. Esta externalización permite a las entidades incorporar capacidades de verificación robusta sin asumir directamente la carga técnica ni los riesgos normativos asociados a su implementación.

Entre los servicios más relevantes para prevenir el fraude digital destacan:

• Certificados Electrónicos Cualificados, que permiten identificar electrónicamente a personas físicas o jurídicas con alto nivel de seguridad. La emisión de estos certificados exige una verificación previa de identidad rigurosa (presencial o por videoidentificación) conforme a los requisitos establecidos por el eIDAS, lo que los convierte en instrumentos válidos ante terceros y con plena fuerza probatoria.
• Entrega Electrónica Certificada, que garantiza que un documento o mensaje ha sido enviado y recibido en condiciones de integridad, trazabilidad y validez jurídica, con registro de fecha, hora y contenido. Este servicio es especialmente útil en procedimientos de contratación, notificación de condiciones o documentación de consentimiento entre partes.
• Sello Electrónico Cualificado, que permite a las empresas asegurar que los documentos que emiten no han sido modificados, atribuyendo legalmente la autoría y autenticidad de la emisión.
• Sello de Tiempo Cualificado, que otorga a los documentos electrónicos una fecha cierta y verificable, con valor probatorio en procedimientos administrativos o judiciales, además de establecer un marco cronológico fiable en las relaciones contractuales digitales.

 Al incorporar estos servicios, las organizaciones no solo refuerzan sus sistemas de control y cumplimiento normativo, sino que reducen el riesgo de suplantación de identidad, garantizan el consentimiento informado y cumplen con los principios de minimización de datos y responsabilidad proactiva exigidos por el RGPD y la doctrina de la AEPD.

4. Conclusiones 

La creciente incidencia del fraude por suplantación de identidad en los procesos digitales de contratación plantea una amenaza directa para la seguridad jurídica, la confianza del consumidor y la estabilidad operativa de sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones, la energía y los seguros. Pese a los avances tecnológicos y la consolidación de entornos digitales en el ámbito empresarial, persisten debilidades estructurales en los modelos de identificación electrónica que, de no abordarse adecuadamente, pueden derivar en responsabilidad legal, sanciones administrativas y pérdidas.

Las prácticas tradicionales de verificación, basadas en documentos fácilmente manipulables o sistemas sin validación técnica, resultan insuficientes para afrontar un entorno cada vez más expuesto a la manipulación de identidades. Las consecuencias no se limitan al ámbito económico: abarcan la infracción de obligaciones contractuales, el incumplimiento de los principios de protección de datos y la vulneración del derecho a la autodeterminación informativa por parte de los afectados.

En este escenario, los Servicios de Confianza Cualificados, prestados por entidades cualificadas y supervisadas conforme al Reglamento eIDAS, representan una respuesta sólida y jurídicamente respaldada para prevenir el fraude, reforzar la autenticidad de las transacciones electrónicas y garantizar el cumplimiento normativo en contratación remota. La utilización de herramientas como certificados electrónicos cualificados, entregas certificadas, sellos de entidad y sellos de tiempo con valor probatorio permite establecer sistemas de trazabilidad y control que elevan los estándares legales y técnicos de las compañías, sin sacrificar agilidad ni eficiencia operativa.

Desde ECIJA Abogados, entendemos que la incorporación estructurada y progresiva de estos servicios no debe considerarse un gasto adicional, sino una inversión estratégica en seguridad jurídica, reputación corporativa y competitividad digital. Su adopción no solo previene contingencias regulatorias, sino que posiciona a las empresas como agentes responsables, comprometidos con la integridad de sus procesos y la protección efectiva de los derechos de sus clientes.

En definitiva, responder al fraude por suplantación de identidad en entornos digitales exige una visión proactiva, integradora y alineada con la normativa vigente. Y en ese camino, los Servicios Electrónicos de Confianza se consolidan como aliados esenciales para construir un modelo de contratación electrónico seguro, verificable y legalmente blindado.

Nota informativa escrita por el área de Privacidad y Protección de Datos de ECIJA Madrid.