El Confidencial recoge la opinión de ECIJA.
Las quiebras de empresas suelen dejar deudas con acreedores, trabajadores y, también, con Hacienda. Y la Agencia Tributaria (AEAT) no suele rendirse. Desde la crisis de 2008 y la ola de quiebras que hubo, comenzó una persecución a los administradores mediante la derivada de la responsabilidad que ha ido intensificando y que, ahora, está pegando otro acelerón.
Los bufetes de abogados con departamento fiscal tienen cada vez más casos encima de la mesa, hasta el punto de que se está convirtiendo en una de las actividades que más trabajo les da. De hecho, está generando especialistas en el tema para la defensa de ejecutivos que han sido administradores de las sociedades que cierran manteniendo deudas con Hacienda por las que han recibido una sanción.
La casuística es múltiple, en medio de un contexto de intentos de Hacienda por defender su recaudación, con recaudación pendiente de ingresar por deudas y sanciones no ingresadas voluntariamente de 23.911 millones en 2019, según el último informe de prevención y control del fraude tributario y aduanero (aún no ha publicado el de 2020). En su plan anual de recaudación, lo incluye en las medidas de control recaudatorio. “En los últimos años, hemos notado una mayor presión por parte de Hacienda dirigida a no perder recaudación, y en concreto a intentar obtener el cobro de los administradores de empresas liquidadas. Últimamente, en efecto, esta presión se ha incrementado todavía más, y es un tipo de procedimiento que vemos con frecuencia en nuestro día a día”, señala Antonio Cendán, abogado de ECIJA.
