El Confidencial recoge la opinión de Constantino Vidal, socio de Fiscal de ECIJA.
El sector financiero sigue sumando frentes regulatorios que incrementan sus costes de administración (incluidos en ‘back office’, en la jerga). Medidas que cada vez son más relevantes para los actores de menor dimensión, como entidades independientes enfocadas en el asesoramiento patrimonial. La directiva DAC 6 entra en vigor este año con el requerimiento de información sobre los mecanismos transfronterizos que tengan fiscalidad agresiva de sus clientes.
Que sean operaciones transfronterizas implica, al menos, a dos países. Esto es habitual entre las empresas y también entre las personas físicas que gestionan patrimonio con asesoramiento profesional y suelen tener inversiones en terceros países como Luxemburgo. Mientras que el concepto de fiscalidad agresiva no está definido voluntariamente, según algunos abogados consultados, para que la norma incentive informar ante cualquier cambio fiscal relevante. Asimismo, hay sanciones de hasta 16.000 euros en caso de no informar en los tiempos y plazos previstos.
“La norma establece una dispensa para los intermediarios que hubieran intervenido con el único objeto de evaluar la adecuación de un mecanismo transfronterizo a la normativa aplicable. Creo que en este punto, debería aclararse algo más, ya que es posible que genere muchas dudas en la aplicación práctica de la norma”, avisa Constantino Vidal, socio de ECIJA.
