'Cuestiones clave para la defensa nuestros derechos en los servicios prestados a través de Internet', por Eduardo Lagarón, abogado de Information Technology de ECIJA
Son múltiples las circunstancias que caracterizan los servicios prestados través de Internet. Entre ellas, resulta determinante el carácter transfronterizo de éstos ya que, en muchas de las ocasiones, generan diversas inseguridades jurídicas.
En muchas situaciones, los consumidores se ven indefensos para ejercer sus derechos ante dichos sitios web por dos motivos: (i) porque desconocen los mismos y/o (ii) porque los textos legales no son del todo claros sobre los derechos otorgados ni sobre las garantías ofrecidas. Ante tal situación, cuando contratamos un servicio o adquirimos un producto a través de Internet debemos plantearnos una serie de cuestiones:
Respecto al servicio prestado o el producto comprado por el usuario, ¿qué garantías y derechos le asisten cuando contrata un servicio de pago a través de Internet?
En todo lo relacionado con la contratación electrónica, el usuario debe tener en cuenta siempre que las garantías y derechos que ofrecen los citados servicios al usuario dependerán de la ley aplicable a la que se encuentren sometidos los prestadores del servicio. Es muy frecuente que muchos de los servicios utilizados por los usuarios sean provistos por empresas extranjeras, ubicadas en otros Estados y sometidas a otras legislaciones y tribunales. No obstante, al tratarse de consumidores y usuarios españoles, debe tenerse en cuenta que, con independencia de lo que diga las condiciones de contratación de un sitio web, los tribunales españoles podrían ser competentes en caso de que el consumidor iniciase un procedimiento judicial en España.
Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de que el usuario contrate o se registre en un servicio ofrecido por una empresa española o cuya sede social se encuentra dentro de la Unión Europea, debe leerse atentamente las condiciones del servicio que contrata o en los que se registra, ya que en ellas, deberían encontrarse establecidas y debidamente concretadas las garantías que ofrece el servicio y al menos los derechos que la normativa vigente otorga a todo usuario o consumidor.
Quizá, uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta en la contratación de servicios online, es el hecho de que, salvo en la contratación de algunos productos o servicios, la legislación española y europea otorga al consumidor el derecho a poder ejercer el derecho de desistimiento durante los primeros 7 días, lo que le permite poder anular la compra realizada, sin justificación alguna. Este plazo se verá aumentado a 14 días, en el momento en que sea transpuesta a la legislación española la nueva Directiva Europea.
Respecto a los datos personales que aporta un usuario, ¿qué puede hacer para que su información personal no siga publicada en el sitio web?
En los últimos tiempos estamos siendo testigos de un importante crecimiento del número de solicitudes de ejercicio del derecho de cancelación de datos personales publicados en plataformas de Internet. Según la información oficial de la propia Agencia Española de Protección de Datos, muchas de las consultas recibidas atienden al ejercicio del “derecho al olvido” en Internet.
A pesar de que nuestra legislación recoge un derecho expresamente previsto para la cancelación de nuestros datos personales, con independencia de en qué soporte o medio se encuentren, no siempre es atendido por parte de los prestadores del servicio como desearíamos, lo que sin duda alguna provoca conflictos permanentes entre los usuarios y la industria.
Para lograr la efectiva defensa de nuestros derechos, el usuario deberá seguir el procedimiento indicado a continuación:
En primer lugar, debemos ponernos en contacto inmediatamente con el prestador del servicio del servicio ejerciendo nuestro derecho de cancelación a fin de que retire dicha información personal y la cancele, ya sean fotografías que incluyan nuestra imagen personal, nombre, apellidos o cualquier otro dato de carácter personal.
En caso de que nuestra petición no fuese atendida por el prestador del servicio, y siempre que se trate de datos personales, debemos interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para que ésta lleve a cabo la investigación correspondiente, y en su caso requiera al prestador la retirada de dichos datos. En caso de que no lo haga, la Agencia podría proceder a interponer la sanción correspondiente.
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