En 2007, el Poder Judicial celebraba la aprobación de la Ley de Cobro Judicial -hoy sustituida por el Código Procesal Civil- que cambió el sistema de cobro en el país. Decía un comunicado de prensa de entonces que la reforma ofrecía “mayor rapidez, sencillez y calidad.” Que sería “Una ley que humaniza aún más la administración de justicia”, e incluso aseguraba que la norma “nos coloca a la vanguardia en modernización de justicia”.
Desde el principio lo ofrecido parecía imposible de lograr con los recursos que se estaban destinando: En San José, se concentró en un único juzgado todos los procesos de cobro que antes conocían aproximadamente 14 juzgados, pero con un personal y una infraestructura a todas luces insuficiente. La solución fue luego crear un segundo juzgado, pero nada cambió. El ineficiente sistema cobratorio consume el 8% del presupuesto del Poder Judicial, ya que las demandas han crecido exponencialmente en casi un 50% entre 2016 y 2018. Ingresan en promedio 213 mil demandas anuales y se resuelven en promedio 70 mil. El resto se acumula generando una bola de nieve.
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