Ya se encuentra en vigencia el reglamento para la ley aprobada desde el año pasado que tiene como objeto sancionar a las empresas por la comisión de ciertos delitos, específicamente aquellos relacionados con corrupción.
La ley permite también sancionar a la compañía beneficiada por la comisión del delito, con multas que llegan incluso a los $7,4 millones o la disolución de la persona jurídica, explicó Mauricio París, socio de ECIJA Legal Costa Rica y experto del área de Compliance.
Asimismo, la ley permite a las compañías adoptar modelos facultativos de organización y prevención de delitos, con el fin de reducir significativamente la sanción penal.
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