Campaña anti-ESG: ¿defensa del deber fiduciario o cruzada contra el activismo accionarial?

Los medios de comunicación vienen informando del enfrentamiento existente entre inversores institucionales y proxy advisors, de un lado, y estados republicanos de Estados Unidos, en torno a aspectos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y políticas DEI (diversidad, equidad e inclusión) de las compañías en las que invierten.

El pasado 29 de julio, 26 funcionarios estatales de 21 estados republicanos de Estados Unidos firmaron una carta (no es la primera) que exigía a 18 grandes gestoras de activos que reduzcan sus actividades relacionadas con la inversión ESG (por ejemplo, rechazar mandatos climáticos como el «net zero» o la Directiva CSRD) para seguir haciendo negocios con dichos estados. Asimismo, exigía divulgar «todas las afiliaciones e iniciativas de colaboración (por ejemplo, Climate Action 100+, GFANZ, PRI) que podrían influir en la estrategia de inversión o las prioridades de participación». La carta también criticaba la «erosión del deber fiduciario tradicional» y establecía un plazo hasta el 1 de septiembre para que las gestoras muestren de forma clara «su compromiso con un modelo fiduciario centrado en la integridad financiera, no en la defensa de causas políticas».

Estos argumentos fueron rebatidos en una carta de 15 de agosto firmada por 17 funcionarios demócratas: "el deber fiduciario, correctamente entendido, exige —no prohíbe— que los inversores consideren los riesgos sustanciales y las oportunidades a largo plazo. Los inversores institucionales, incluidos los fondos de pensiones públicos, son propietarios a largo plazo".

Por otro lado, las tres principales gestoras de activos (BlackRock, State Street y Vanguard) se enfrentan a una demanda antimonopolio presentada en Texas por 13 estados republicanos, que alegan que han violado la ley antimonopolio estadounidense al realizar activismo climático, unirse a iniciativas de inversores como Climate Action 100+ y utilizar la defensa de los accionistas como excusa para influir en la producción de carbón y los precios de la energía.

Hablar de inversores institucionales conlleva hablar de proxy advisors, entidades que les asesoran sobre cómo votar en las juntas generales de accionistas, dado el elevado volumen de inversiones que gestionan y la profusa información que deben analizar de cada compañía. Las más grandes son las estadounidenses ISS (Institutional Shareholder Services) y Glass Lewis, a las que se suman la suiza Ethos, las británicas PIRC y Minerva y algunos otros.

El estado de Texas ha aprobado una ley que exigirá a los proxy advisors mayor transparencia sobre sus recomendaciones de voto, incluyendo las basadas en criterios ambientales, sociales o de gobernanza (ESG), diversidad, equidad o inclusión (DEI) y puntuaciones en materia de sostenibilidad. En particular, exige a los asesores de voto que declaren explícitamente en estos casos que su asesoramiento "no se proporciona únicamente en beneficio de los accionistas de la compañía", y que proporcionen análisis financieros que respalden sus recomendaciones. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de septiembre de 2025.

Esta norma ha sido impugnada por varios de los principales proxy advisors. A su vez, los fiscales generales de California y otros Estados demócratas han instado a la administración Trump a abandonar su plan de suprimir los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero, al estar basado en un informe cuestionable desde el punto de vista científico. Además, organizaciones de derechos civiles han protestado contra la intención de reducir la financiación de la Institución Smithsonian, si no acata su demanda de reinterpretar su visión de la historia de la esclavitud en el país, a la que considera "ideología antiestadounidense.

En cuanto a los implicados, existen distintas visiones. En sendas tribunas publicadas en el Financial Times, la directora general de Minerva indica que las reformas anti-ESG aprobadas en Estados Unidos no son mejoras normativas imparciales, sino que tienen como objetivo último la transferencia del poder de los accionistas a la dirección de las compañías (según Minerva, desde 2021 se han aprobado 56 leyes anti-ESG en 22 estados de Estados Unidos), mientras que el presidente del consejo de administración del inversor suizo Vontobel considera que imponerles favorecer las inversiones ESG sobre otras puede suponer un conflicto con su responsabilidad fiduciaria de optimizar los beneficios de sus clientes.

En una carta de 27 de agosto, BlackRock respondió a las mencionadas cartas de 29 de julio y 15 de agosto, en la que manifestaba que «estas cartas continúan una preocupante tendencia de ambos partidos de politizar la gestión de los fondos públicos de pensiones», y concluía con el siguiente aviso: «Como sigue demostrando un número cada vez mayor de estudios, la politización de la gestión de los fondos de pensiones acaba teniendo un coste para los ahorradores y los jubilados».

De lo anterior se deriva el papel que los inversores institucionales deben jugar (o no) en la gestión de las compañías y a través de qué mecanismos. Y en un sentido más amplio, plantea cuál es hoy elpapel de los propietarios de las grandes compañías cotizadas. Pero esta es otra cuestión.

Consulta el artículo completo aquí.