La reciente amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 100% a películas extranjeras ha generado preocupación global, especialmente en países como España que se han consolidado como centros estratégicos para la producción audiovisual. Aunque por ahora solo se trata de una declaración informal en redes, la incertidumbre legal ya afecta a estudios y asesores legales internacionales.
Helena Suárez, socia de ECIJA, destaca que la propuesta aún carece de detalles claros, lo que complica cualquier análisis jurídico profundo. Sin embargo, advierte que sus clientes —algunos vinculados a producciones ganadoras del Oscar— ya se están movilizando a nivel asociativo ante el temor de que esta medida impacte directamente en la financiación, rodaje o comercialización de proyectos. Suárez apunta que la falta de definición del concepto de "importación" en el ámbito audiovisual digital es uno de los principales obstáculos técnicos para aplicar un arancel de estas características.
También subraya también que si EE. UU. considera estas producciones como servicios y no bienes, el planteamiento del arancel sería inviable en términos tradicionales. Aun así, no descarta que se busquen fórmulas indirectas para gravar estos contenidos, lo que podría suponer una amenaza real para modelos de financiación basados en los ingresos del mercado estadounidense.
Se concluye que el futuro de muchos proyectos audiovisuales podría verse comprometido si se avanza en esta línea sin un marco legal claro, y pone en evidencia que la estabilidad normativa y fiscal de países como España es clave para mantener su atractivo como hub internacional del sector.