Aprobado el anteproyecto del “estatuto del becario”
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de noviembre el Anteproyecto de Ley del Estatuto del Becario, una norma que busca poner fin a la precariedad en las prácticas formativas y mejorar la calidad de la experiencia educativa de los estudiantes.
Bajo el nombre oficial de “Derechos de las personas en formación práctica no laboral”, el texto pretende ofrecer un marco regulador estable que garantice una formación práctica de calidad, elimine la figura del falso becario y promueva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El anteproyecto se aplicará a todas las prácticas vinculadas a la Formación Profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, programas del Sistema Nacional de Empleo y prácticas universitarias, tanto curriculares como extracurriculares. Aunque no reconoce una relación laboral, establece que la Inspección de Trabajo podrá presumirla si se detecta que las tareas del becario sustituyen a las de un trabajador o no se ajustan al plan formativo.
La norma también reconoce una serie de derechos que hasta ahora estaban dispersos o poco definidos, como la compensación por gastos de desplazamiento y manutención, el derecho a descansos, festivos y vacaciones, y el acceso a los mismos servicios que el resto de la plantilla, como comedores o aparcamientos. Además, se refuerza la protección en materia de salud laboral, prevención de riesgos y lucha contra el acoso.
En el ámbito organizativo, el texto limita a cinco el número máximo de personas en formación que puede tutelar un mismo supervisor y establece que el total de becarios no podrá superar el 20% de la plantilla de la entidad receptora. También se reducen las duraciones de las prácticas y se crean mecanismos de control, como una Comisión de Seguimiento y mayores competencias para la Inspección de Trabajo. Las infracciones podrán sancionarse con multas de hasta 225.000 euros.
A pesar de sus objetivos, el anteproyecto ha generado controversia. Desde las universidades se critica que la norma se haya elaborado sin su participación directa, argumentando que las prácticas son un asunto esencialmente académico y que deberían estar bajo la competencia del Ministerio de Universidades. Por su parte, las organizaciones empresariales advierten de que los nuevos límites y requisitos podrían incrementar la carga administrativa y reducir la oferta de prácticas, lo que dificultaría la inserción laboral de los jóvenes.
En cualquier caso, existe un consenso general sobre la necesidad de regular la figura del becario para evitar abusos. El reto, según coinciden expertos y agentes sociales, será encontrar un equilibrio entre proteger los derechos de los estudiantes y mantener la flexibilidad que necesitan las empresas. El anteproyecto entra ahora en fase parlamentaria, donde se prevé un intenso debate y posibles modificaciones antes de su aprobación definitiva.
Artículo escrito por el área de Laboral de ECIJA Madrid.
