LATEST NEWS: Nuevas novedades sobre las modificaciones del Código de Contratos Públicos: las nuevas medidas relativas a la resolución alternativa de litigios

Artículos16 de noviembre de 2026

El Decreto-Ley n.º 177/2026, de 4 de septiembre, que entró en vigor el 1 de octubre de 2026, llevó a cabo una revisión exhaustiva del Código de Contratos Públicos. Introdujo cambios significativos en el régimen que regula el arbitraje y otros medios de resolución alternativa de litigios derivados de la celebración y el cumplimiento de los contratos públicos, sustituyendo las disposiciones anteriores recogidas en el artículo 476 del Código de Contratos Públicos (derogado) por la introducción de un nuevo capítulo, en la Parte IV del Código, titulado «Resolución alternativa de litigios en materia precontractual y contractual» y que comprende los artículos 464-B a 464-G.

Su objetivo era armonizar el régimen de arbitraje en la contratación pública con el de la CPTA, superar los problemas de constitucionalidad y de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, y promover formas consensuadas y ágiles de resolución de litigios.

Esta legislación establecía de forma expresa y excepcional que las modificaciones relativas a la resolución alternativa de litigios se aplicaran también a los procedimientos ya en curso y a los contratos vigentes en la fecha de entrada en vigor de la normativa, permitiendo así su aplicación inmediata a las relaciones procesales y contractuales ya establecidas.

El anterior artículo 476 del Código de Procedimiento Civil (CPC) establecía que se permitía recurrir al arbitraje u otros medios de resolución alternativa de litigios para las controversias derivadas de procedimientos o contratos sujetos al CPC. Sin embargo, no se limitaba a permitir meramente la admisibilidad del arbitraje. Cuando la entidad adjudicadora optaba por esta solución, debía cumplir una serie de requisitos importantes: i. la aceptación, por parte de todas las partes interesadas, candidatos y licitadores, de la competencia de un centro de arbitraje institucionalizado para los litigios relacionados con el procedimiento de adjudicación del contrato; ii. la inclusión en los pliegos de condiciones y en el contrato de una cláusula que obligue a la parte contratante a aceptar la competencia de dicho centro para los litigios contractuales; iii. la definición del procedimiento para la constitución del tribunal arbitral y de las normas procesales aplicables, por referencia al reglamento del centro de arbitraje institucionalizado competente; iv. la obligación de justificar el recurso a un tribunal arbitral no afiliado a un centro de arbitraje institucionalizado, en particular por motivos de complejidad jurídica o técnica, el valor económico de la controversia, la ausencia de un centro competente, mayores retrasos o costes más elevados; v. la elaboración de una evaluación del impacto en los costes cuando se opte por un tribunal arbitral no institucionalizado; y vi. la posibilidad de recurrir ante el tribunal administrativo competente en controversias cuyo importe supere los 500 000 euros. El modelo anterior se basaba, por tanto, en un arbitraje predeterminado por la entidad adjudicadora: se permitía el arbitraje, pero su aceptación se imponía a los operadores económicos, lo que socavaba su carácter voluntario, sobre todo cuando los operadores carecían de un margen real de negociación.

Con la derogación del artículo 476 del Código de Procedimiento Civil, se creó un capítulo independiente dentro del Código, en el que se establecen cuatro puntos: i. un principio general sobre la admisibilidad del arbitraje y otros medios de resolución alternativa de litigios; ii. un régimen específico para el arbitraje; iii. un procedimiento para la prevención y la resolución amistosa de litigios a través de comités técnicos de conciliación; y iv. un mecanismo para salvaguardar los plazos de prescripción y caducidad mientras se intenta la conciliación.

El artículo 464-B establece que se permite recurrir al arbitraje u otros métodos alternativos de resolución de litigios, de conformidad con la ley, para los litigios derivados de procedimientos de contratación pública y contratos sujetos al Código de Contratación Pública. El artículo 464-C establece que podrán constituirse tribunales arbitrales para resolver los litigios derivados de los procedimientos o contratos regulados por el Código de Contratos Públicos.

El principal cambio con respecto al régimen anterior radica en la forma en que se estructura el arbitraje en la fase precontractual. Cuando la entidad adjudicadora tenga la intención de someter a arbitraje los litigios derivados de la formalización del contrato, deberá especificar en los pliegos de condiciones o en la convocatoria de licitación: i. el centro de arbitraje en el que tendrá su sede el tribunal; ii. las normas procesales aplicables, en caso de que el reglamento del centro no esté disponible en su totalidad en su página web; y iii. la obligación de que los candidatos o licitadores acepten el recurso al arbitraje, de conformidad con el modelo establecido en el anexo XII del Código de Contratación Pública.

No obstante, el artículo 464-C, apartado 3, establece que la negativa de un candidato o licitador a aceptar el arbitraje no conlleva la exclusión de su solicitud o oferta. Esta disposición es fundamental. La entidad adjudicadora podrá proponer o prever el arbitraje, pero no podrá imponer la aceptación de la jurisdicción arbitral, ni estipular que su rechazo dé lugar a la exclusión del operador económico del procedimiento. La diferencia con respecto al derogado artículo 476 es significativa, ya que este último exigía la aceptación por parte de todas las partes interesadas, tanto candidatos como licitadores, sin establecer, en la redacción entonces vigente, una salvaguardia equivalente a la que ahora se consagra en el artículo 464-C, apartado 3, lo que significaba que la negativa de un licitador a aceptar la sometida de los litigios a arbitraje podía constituir motivo para su exclusión del procedimiento.

El nuevo régimen suprime asimismo las condiciones específicas que anteriormente limitaban el recurso a tribunales arbitrales no afiliados a centros institucionalizados, así como la obligación de realizar una evaluación del impacto en los costes de dicha elección. Asimismo, se ha suprimido la norma especial relativa a los recursos contra los laudos arbitrales en controversias por importes superiores a 500 000 euros. La supresión de estos requisitos simplifica el régimen, pero también traslada la regulación de diversos aspectos —que anteriormente estaban expresamente regulados en el CCP— a la legislación general sobre arbitraje y a la CPTA.

En los procedimientos para la celebración de contratos previstos en el artículo 100, apartado 1, de la CPTA, se mantiene el requisito de que las normas que rigen el funcionamiento del tribunal arbitral deben ajustarse al régimen de los procedimientos precontratuales urgentes. Por lo tanto, la reforma no elimina la necesidad de garantizar la compatibilidad entre el procedimiento arbitral y los requisitos específicos de las medidas cautelares precontratuales urgentes.

La innovación más significativa de la legislación es la posibilidad de constituir comités técnicos de conciliación. El artículo 464-D establece que cualquier parte de un contrato público o administrativo podrá solicitar la constitución de un comité técnico de conciliación para prevenir o resolver controversias contractuales; los miembros de dicho comité, designados por las partes, deberán poseer cualificaciones técnicas o experiencia profesional adecuadas al objeto de la controversia. Este comité podrá intervenir no solo una vez que ya haya surgido un conflicto, sino también en una fase precontenciosa en la que exista un desacuerdo que pueda poner en peligro la ejecución del contrato. Puede constituir un medio muy eficaz de resolución de controversias, por ejemplo, en los contratos de obras públicas, que son especialmente propensos a que surjan problemas durante su ejecución, y en los que la resolución de tales cuestiones es incompatible con la lentitud de los tribunales administrativos.

Este procedimiento de conciliación se inicia mediante una solicitud dirigida a la otra parte, en la que se exponen los hechos y los motivos de la solicitud. La parte demandada dispone de 10 días para responder y designar a un miembro de la Comisión. La audiencia de conciliación debe celebrarse en un plazo máximo de 15 días a partir de la finalización del plazo de respuesta, salvo que se aplace por una razón justificada. La audiencia podrá celebrarse de forma presencial o por medios electrónicos. La Comisión deberá llevar a cabo un examen minucioso del asunto y tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes. Las notificaciones y citaciones se envían por vía electrónica. El procedimiento se caracteriza, por tanto, por : i. su carácter informal, ya que solo se especifican los elementos esenciales de la solicitud y los plazos clave; ii. rapidez, gracias al establecimiento de plazos breves para las respuestas y para la celebración de la audiencia; iii. competencia técnica, dadas las cualificaciones y la experiencia de los miembros de la comisión; y iv. flexibilidad tecnológica, mediante el uso de medios electrónicos para las audiencias y las notificaciones.

Asimismo, se permite establecer normas contractuales específicas que regulen el proceso de conciliación, sirviendo las normas legales como recurso de reserva y aplicándose en ausencia de disposiciones contractuales específicas, lo que permite a las partes adaptar el procedimiento de antemano a la complejidad, la duración y el carácter técnico del contrato.

Si el intento de conciliación tiene éxito, se redacta un acta, en la que deben figurar todos los términos y condiciones del acuerdo. La legislación no especifica el carácter ejecutorio de este acta, ni establece un marco relativo a su fuerza vinculante ni a los mecanismos para la ejecución obligatoria del acuerdo, lo que puede dar lugar a incertidumbres en cuanto a su eficacia práctica y, por ejemplo, en cuanto a si requiere o no la aprobación judicial o arbitral.

Una de las garantías más significativas del nuevo régimen se establece en el artículo 464-G. La solicitud de un intento de conciliación suspende los plazos de prescripción de los derechos y la caducidad de los procedimientos judiciales o arbitrales. Estos plazos se reanudan 30 días después de que se notifique al solicitante que la conciliación no puede llevarse a cabo o que resulta inviable. Esta disposición tiene por objeto evitar que el recurso a un proceso consensuado perjudique la posición de la parte que lo inicia. Sin este efecto suspensivo, la parte podría verse ante una elección irrazonable: iniciar inmediatamente un procedimiento judicial o arbitral para preservar sus derechos, o intentar una solución amistosa corriendo el riesgo de que prescriba o caduque el plazo. La solución adoptada fomenta el uso efectivo de la conciliación, ya que reduce el riesgo asociado al intento de alcanzar un acuerdo. Al mismo tiempo, el legislador no prevé una suspensión indefinida de los plazos: establece un momento concreto para su reanudación, 30 días después de la notificación de la inviabilidad o imposibilidad de la conciliación.

Entre las ventajas de esta reforma destaca el hecho de que ya no es posible excluir a un licitador por negarse a aceptar el arbitraje, lo que constituye una importante salvaguardia contra la transformación de la cláusula de arbitraje en un requisito de carácter imperativo para acceder al procedimiento de contratación pública. Otra ventaja es la creación de un mecanismo general de conciliación, con la posibilidad de que cualquiera de las partes solicite la constitución de un comité técnico, integrado por personas cualificadas y que actúe en plazos breves, lo cual puede resultar muy útil en contratos de elevada complejidad técnica, en los que es preferible una solución consensuada a la suspensión de la ejecución contractual o al inicio inmediato de procedimientos judiciales o arbitrales. Por último, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad constituye una garantía esencial para la parte que pretenda resolver el litigio de mutuo acuerdo. Sin este mecanismo, la conciliación podría fomentarse en teoría, pero en la práctica se vería desincentivada.

Sin embargo, quedan algunas cuestiones por resolver. En primer lugar, la relación entre el nuevo régimen y los contratos ya celebrados. Dado que las modificaciones relativas a la resolución alternativa de litigios están destinadas a aplicarse a los procedimientos en curso y a los contratos actualmente en vigor, pueden surgir dificultades cuando el contrato contenga una cláusula de jurisdicción, un acuerdo de arbitraje o un procedimiento de resolución de litigios que sea incompatible con el nuevo régimen. En cuanto a los efectos jurídicos del laudo de conciliación, se exige que el acuerdo se formalice en un laudo escrito, pero no se especifican las normas que rigen su ejecutabilidad. Será necesario evaluar, caso por caso, si el acuerdo puede servir como instrumento ejecutable, si está sujeto a aprobación judicial o si debe convertirse en una modificación contractual formal, especialmente cuando se trate de cambios en las obligaciones contractuales, los precios o los plazos. Por último, la supresión de la norma especial sobre los recursos contra los laudos arbitrales en contratos por un valor superior a 500 000 euros requiere un análisis en conjunción con la CPTA y la legislación general en materia de arbitraje, y puede reducir el abanico de situaciones en las que es posible interponer un recurso.

Esta reforma promueve una resolución de controversias más ágil y técnicamente más sólida, pero su eficacia dependerá de la ardua tarea de armonizarla con los acuerdos de arbitraje y los contratos existentes, así como con el régimen que regula la ejecución de los acuerdos de conciliación.

Dos peatones caminan por una calle adoquinada flanqueada por edificios históricos, mientras circulan coches y furgonetas y se ve un arco al fondo.

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