LATEST NEWS: Los algoritmos bajo responsabilidad objetiva: el sector de los seguros en una carrera contra el tiempo

Articles17 de noviembre de 2026

Un aspirador inteligente que, tras una actualización, provoca un incendio. Una aplicación de salud que borra registros personales acumulados durante años. Un sistema de inteligencia artificial que «aprende» comportamientos peligrosos. Hasta ahora, a quienes sufrían este tipo de daños les resultaba muy difícil obtener una indemnización. La nueva Directiva (UE) 2024/2853 sobre la responsabilidad por productos defectuosos cambia esta situación para los productos comercializados o puestos en servicio a partir del 9 de diciembre de 2026.


El primer cambio importante es sencillo: el software se clasifica ahora expresamente como un «producto». Lo mismo se aplica a los archivos de fabricación digitales y a los servicios relacionados, es decir, los servicios digitales sin los cuales el producto no funciona según lo previsto. Solo queda excluido el software libre y de código abierto, desarrollado al margen de una actividad comercial. Por lo tanto, el fabricante es responsable de cualquier daño causado por su software, incluso en ausencia de culpa; en determinados casos, también se podrá considerar responsable al importador, al representante autorizado o al distribuidor.


La segunda disposición nueva se refiere a los defectos: un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad que cabe esperar legítimamente. A la hora de evaluar dicha seguridad, se tienen en cuenta factores como la capacidad del producto para seguir aprendiendo tras su venta y el cumplimiento de los requisitos de ciberseguridad. El fabricante sigue siendo responsable mientras mantenga el control sobre el producto, en particular a través de actualizaciones. Por lo tanto, un ciberataque que aproveche una vulnerabilidad de ciberseguridad en el producto no exime, por sí mismo, al fabricante de su responsabilidad.


También se ha ampliado el alcance de los daños indemnizables. Además de la muerte, las lesiones personales y los daños materiales, ahora se incluyen los daños psicológicos clínicamente reconocidos y la destrucción o corrupción de datos no utilizados con fines profesionales. La pérdida de fotografías familiares o de documentos personales ya no constituye una pérdida por la que no se pueda obtener indemnización.


El cambio más significativo se produce en el ámbito de la prueba. Demostrar que un algoritmo ha fallado resulta casi imposible para quien no esté familiarizado con su funcionamiento.

Por lo tanto, la parte perjudicada puede solicitar al tribunal que ordene a la empresa presentar las pruebas pertinentes, salvaguardando al mismo tiempo los secretos comerciales; si la empresa no lo hace, se presume la existencia de un defecto. Además, cuando la complejidad técnica haga que demostrar el caso resulte excesivamente difícil, se podrán presumir el defecto y la relación causal, y bastará con que la parte perjudicada demuestre que son probables. Estas presunciones podrán ser refutadas por las empresas, sobre las que recae la carga de la prueba para demostrar lo contrario. Además, la responsabilidad frente a la parte perjudicada no puede limitarse ni excluirse contractualmente.


La parte perjudicada dispone de un plazo de tres años para interponer una reclamación, que se cuenta a partir del momento en que tuvo conocimiento, o debería haber tenido conocimiento razonablemente, del daño, del defecto y de la identidad de la parte responsable. En cualquier caso, salvo que se haya iniciado un procedimiento judicial entretanto, el derecho a indemnización prescribe a los diez años de la comercialización o puesta en servicio del producto; si el producto sufre modificaciones sustanciales, este plazo comienza a contar a partir de la fecha de la modificación. Excepcionalmente, el plazo se amplía a veinticinco años cuando una lesión personal latente haya impedido a la parte perjudicada interponer una demanda.


Para las empresas y las aseguradoras, las consecuencias son inmediatas. Muchas pólizas de seguro de responsabilidad civil por productos defectuosos siguen basándose en bienes físicos y excluyen los «datos» o los «actos cibernéticos», lo que puede dejar sin cobertura los riesgos que la nueva Directiva impone al fabricante. Por su parte, las pólizas de riesgo cibernético suelen cubrir únicamente las pérdidas propias del asegurado, y no su responsabilidad frente a terceros. La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) advierte contra la cobertura «silenciosa» —cláusulas que no se incluyen ni se excluyen expresamente— y recomienda que la cobertura y las exclusiones sean claras. Sin una coordinación cuidadosa entre ambas pólizas, las lagunas solo se hacen evidentes cuando se presenta una reclamación.


El plazo para la transposición de la Directiva vence el 9 de diciembre de 2026, fecha a partir de la cual el nuevo régimen se aplicará a los productos comercializados o puestos en servicio. Hasta entonces, los fabricantes, importadores, distribuidores, plataformas en línea y empresas que integren software en sus productos deberán analizar el impacto de estas normas en su actividad, revisar los contratos con los proveedores y los procedimientos de conservación de la documentación técnica, y reevaluar sus pólizas de seguro de responsabilidad civil y de riesgo cibernético.

Primer plano de varias bombillas rojas encendidas que reflejan destellos sobre una superficie roja.

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