LATEST NEWS: Entre la formalidad y la justicia: ¿puede la Agencia Tributaria infringir la ley sin indemnizar al contribuyente?

Artículos29 de septiembre de 2026

La concesión de intereses indemnizatorios al contribuyente cuya reclamación haya sido estimada por la Administración Tributaria o por los tribunales ha sido objeto de un amplio debate jurisprudencial.

El apartado 1 del artículo 43 de la Ley General Tributaria (LGT) reconoce el derecho a intereses cuando existe un «error imputable a los servicios» y, a tal efecto, la jurisprudencia distingue entre ilegalidades sustantivas y vicios formales: cuando la liquidación se anula por un error en los supuestos de hecho o de derecho, se tiende a reconocer el derecho a intereses indemnizatorios. Por el contrario, cuando la anulación se basa en vicios de procedimiento, como la falta de motivación o de audiencia previa, se tiende a denegarlo.

El Tribunal Supremo Administrativo (STA) ha reiterado que los vicios formales no demuestran, por sí solos, que la obligación tributaria fuera materialmente indebida (véase la sentencia de 4 de noviembre de 2020, expediente n.º 037/19.6BALSB, retomada en la sentencia de 24 de junio de 2026, expediente n.º 013/26.2BALSB). En nuestra opinión, esta solución merece ser revisada.

Esta distinción conduce a un resultado paradójico, ya que una motivación deficiente puede revelar un error y dar lugar al pago de intereses, mientras que su ausencia total se considera un mero vicio formal, lo que excluye dicho pago. Así pues, cuanto menos motive la Autoridad Tributaria (AT) la resolución, en violación manifiesta de los derechos de los contribuyentes, menor puede ser su responsabilidad económica.

Un problema idéntico surge en relación con la prescripción del derecho a la liquidación, en el que el STA ha admitido que una liquidación emitida fuera de plazo no basta para generar intereses indemnizatorios (véase la sentencia de 24 de junio de 2026, expediente n.º 013/26.2BALSB). Sin embargo, si la AT ya no podía proceder a la liquidación, la actuación que dio lugar a la misma no debería ser financieramente neutra, ya que la prescripción es un límite jurídico al poder de liquidación que debe respetarse.

Lo mismo cabe decir de la situación de la audiencia previa, en la medida en que permitir al contribuyente presentar hechos y pruebas potencialmente decisivos es esencial para el procedimiento y la buena administración, por lo que, si su omisión contribuyó a mantener una liquidación que podría haberse evitado o corregido, no debería carecer de relevancia a efectos indemnizatorios. No obstante, la jurisprudencia sigue calificándola como vicio de procedimiento (véase la sentencia del STA de 3 de junio de 2026, expediente n.º 0638/18.0BELRS).

En este contexto, cobra relevancia la propuesta de la Comisión para la Revisión del Proceso y el Procedimiento Fiscal y de las Garantías de los Contribuyentes, que modifica el apartado 1 del artículo 43 de la LGT, en el que, en lugar de exigir un «error imputable a las administraciones», se propone el reconocimiento de intereses siempre que exista un error no imputable al contribuyente que dé lugar a un pago superior al legalmente adeudado.

La modificación no es meramente semántica: los errores no imputables al contribuyente se atribuirían siempre a la Administración Tributaria, independientemente de la culpa de los funcionarios, y el régimen seguiría limitándose a reacciones oportunas, pudiendo considerarse la inercia del contribuyente como culpa del perjudicado.

La solución desplaza el foco de la clasificación formal o sustantiva del vicio hacia la existencia de una actuación ilegal de la Administración Tributaria, no imputable al contribuyente, que haya provocado un pago superior al debido.

No se trata de convertir los intereses en una sanción automática: seguirían exigiéndose el pago indebido, la ilegalidad relevante y el nexo causal entre la actuación administrativa y la privación patrimonial. No obstante, se evitaría que la clasificación formal del vicio determinara, por sí sola, el derecho a la indemnización.

Una modificación legislativa o una nueva interpretación del concepto de «error imputable a los servicios» impediría que la AT se beneficiara de la omisión o negligencia de sus funcionarios. No resulta coherente que el incumplimiento del deber de motivación, de la audiencia previa o de la prohibición de liquidar tras la caducidad resulte financieramente ventajoso frente a un cumplimiento meramente deficiente de dichos deberes.

Así pues, la cuestión es la siguiente: ¿puede la AT cometer un acto ilegal, provocar o mantener la privación patrimonial y no pagar intereses únicamente porque el vicio se ha calificado de formal? La respuesta afirmativa es predominante en la jurisprudencia actual. Sin embargo, la propuesta de modificación del apartado 1 del artículo 43 de la LGT y/o una posible nueva interpretación de «error imputable a los servicios» ponen de manifiesto que no es la única respuesta jurídicamente posible ni, necesariamente, la más justa a la luz de las obligaciones legales de la AT.



Una mano escribe en un papel con billetes de euro esparcidos sobre la mesa.

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