LATEST NEWS: El problema de la sobreestimación de los ingresos en las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico

Artículos17 de julio de 2026

El cálculo de la indemnización por accidentes de tráfico ha sido, durante décadas, uno de los temas más controvertidos en la teoría jurídica y la jurisprudencia portuguesas. En la práctica, la valoración de los perjuicios económicos futuros se ha basado casi exclusivamente en la pérdida de ingresos de la víctima, lo que ha dado lugar a importantes desigualdades y a una injusticia estructural que debe analizarse y subsanarse.


Históricamente, las escalas de incapacidad para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales han servido como principal referencia para el cálculo de las indemnizaciones, incluso fuera del contexto laboral. Sin embargo, tal y como se aclara en el preámbulo del Decreto-Ley n.º 352/2007 (por el que se aprueba la Tabla Nacional de Incapacidad para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, así como la Tabla Indicativa para la Valoración de la Incapacidad en Derecho Civil), la evaluación en el marco del Derecho laboral mide la pérdida de capacidad de ganancia, mientras que en el Derecho civil lo que debe evaluarse es la incapacidad permanente global —es decir, las limitaciones en las actividades cotidianas—, sin perjuicio de que se tengan en cuenta las repercusiones en la actividad profesional específica de la parte lesionada.


La transposición inadecuada de los criterios del Derecho laboral al ámbito del Derecho civil ha tenido graves consecuencias: las víctimas con bajos ingresos —estudiantes, desempleados, pensionistas y trabajadores del sector informal— vieron cómo sus lesiones se infravaloraban sistemáticamente, mientras que otras personas con salarios más elevados recibían indemnizaciones mucho más elevadas por lesiones de idéntica naturaleza.


Es en este contexto donde surgió el concepto de «daño biológico», influido por la doctrina jurídica y la jurisprudencia italianas. A partir de la década de 1970, los tribunales italianos comenzaron a reconocer que el menoscabo de la integridad psicofísica de una persona, como derecho protegido constitucionalmente, constituye una forma de daño indemnizable por derecho propio, independientemente de su impacto en los ingresos derivados del empleo. Esta interpretación quedó consagrada definitivamente en la sentencia n.º 184 del Tribunal Constitucional italiano, de 14 de julio de 1986, que afirmó la autonomía de este tipo de daño como categoría intermedia entre el daño patrimonial y el daño moral.


En Portugal, el concepto se ha ido adoptando gradualmente, aunque no sin ciertas vacilaciones. La publicación del Decreto-Ley n.º 352/2007 supuso un hito importante, ya que introdujo una Tabla de Valoración de las Discapacidades Permanentes en el Derecho Civil, que se aleja del criterio exclusivo de la capacidad de ganancia y, en su lugar, evalúa la discapacidad funcional global de la persona. Este enfoque allanó el camino para el reconocimiento del daño biológico en el ordenamiento jurídico portugués.


La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha reflejado esta evolución. Sentencias como la de 27 de octubre de 2009 (expediente n.º 560/09.0YFLSB, juez Sebastião Póvoas), la de 20 de mayo de 2010 (expediente n.º 103/2002.L1.S1, magistrado Lopes do Rego) y, más recientemente, las de 12 de julio de 2018 (expediente n.º 1842/15.8T8STR.E1.S1, magistrada Rosa Tching) y del 4 de julio de 2023 (expediente n.º 342/19.1T8PVZ.P1.S1, juez Jorge Leal), reconocieron que el daño biológico puede ser de naturaleza híbrida, compuesto por componentes pecuniarios —como un mayor esfuerzo en el trabajo o la pérdida de oportunidades profesionales— y componentes no pecuniarios —como la limitación funcional, la pérdida de calidad de vida o el sufrimiento—. Sin embargo, la jurisprudencia aún no es uniforme y persisten diferencias en cuanto a si este daño debe clasificarse como pecuniario, no pecuniario o en una categoría distinta.


La Orden Ministerial n.º 377/2008, que regula el marco de la «oferta razonable» que deben realizar las aseguradoras, ha añadido un grado adicional de complejidad. Aunque sus criterios no son vinculantes para los tribunales, en la práctica las cuantías establecidas en ella han adquirido un carácter casi normativo en los procedimientos extrajudiciales, lo que a menudo da lugar a una indemnización insuficiente para las víctimas —en particular para aquellas que carecen de asesoramiento jurídico especializado—.


El modelo tradicional de indemnización, basado en la pérdida de ingresos, presenta claros riesgos de mercantilizar la integridad física y mental. El sufrimiento, la pérdida de autonomía y el deterioro de la calidad de vida no pueden medirse en términos salariales. La dignidad humana, consagrada en el artículo 1 de la Constitución de la República Portuguesa, exige que el Derecho de responsabilidad civil reconozca e indemnice los daños en sus dimensiones humanas y existenciales, y no meramente en términos económicos.


El reconocimiento del daño biológico como una categoría distinta de perjuicio constituye, por lo tanto, una respuesta necesaria e innovadora. Nos permite ir más allá del modelo restrictivo basado en la pérdida de ingresos, valora a los seres humanos en su totalidad y promueve un enfoque más justo e igualitario. El ordenamiento jurídico portugués ya cuenta con los instrumentos necesarios para su plena aplicación: la escala de incapacidad prevista en el Derecho civil, el principio de equidad establecido en los artículos 494, 496 y 566 del Código Civil, y la protección constitucional de la integridad personal. Lo que falta es una aclaración doctrinal y jurisprudencial, la actualización de los instrumentos administrativos y, sobre todo, el reconocimiento de que proteger verdaderamente a las víctimas exige admitir que todas las vidas tienen el mismo valor, independientemente de los ingresos que perciban.


Una carretera serpenteante rodeada de árboles con hojas de otoño en montañas de fondo.

Profesionales relacionados

ACTUALIDAD #ECIJA