LATEST NEWS: El Tribunal Constitucional allana el camino para la devolución del impuesto sobre las plusvalías derivadas de la venta de viviendas construidas con préstamos hipotecarios

Artículos18 de junio de 2026

En una sentencia de 7 de abril de 2026, el Tribunal Constitucional dictaminó que la interpretación que excluye del régimen de exención del impuesto sobre las ganancias patrimoniales aquellas situaciones en las que el producto de la venta de un inmueble se destina a la amortización de un préstamo contraído para construir la vivienda, y no únicamente para su adquisición. Esta decisión podría allanar el camino para la devolución de los impuestos pagados por los contribuyentes en circunstancias similares.


Esta resolución puede tener un impacto muy significativo en los contribuyentes que construyeron su propia vivienda habitual mediante un préstamo para la construcción y que estuvieron sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas por las plusvalías entre 2015 y 2020.


1. Antecedentes y cuestión objeto de debate

El régimen especial previsto en el artículo 11 de la Ley n.º 82-E/2014, de 31 de diciembre (conocido como el régimen transitorio para las plusvalías inmobiliarias), permitía que las plusvalías obtenidas por la venta de la vivienda habitual propia quedaran exentas de tributación cuando el producto de la venta se destinara a la amortización del préstamo contraído para la adquisición del inmueble.


Este régimen se aplicaba a las enajenaciones que tuvieran lugar entre 2015 y 2020, siempre que los contratos de préstamo se hubieran formalizado antes del 31 de diciembre de 2014. El objetivo declarado de este régimen era aliviar la situación de las familias con dificultades económicas, cuyos ingresos ya no eran suficientes para cubrir los gastos de vivienda, garantizando que la venta de su vivienda para amortizar el préstamo no se viera penalizada adicionalmente por el impuesto sobre las plusvalías.


Sin embargo, hasta la reciente resolución del Tribunal Constitucional, la Agencia Tributaria y los tribunales —incluido el Tribunal Supremo Administrativo— habían interpretado este régimen de forma restrictiva: la exención fiscal solo se aplicaba cuando el producto de la venta se destinaba a amortizar préstamos contraídos para adquirir la vivienda objeto de la venta, excluyendo los casos en los que el préstamo se hubiera contraído para construir dicha vivienda.


El asunto sometido al Tribunal Constitucional se derivó de una liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al año 2016. La Agencia Tributaria consideró que no existían fundamentos para la exención del impuesto sobre las plusvalías, a pesar de que el producto de la venta de la vivienda se había destinado íntegramente a la amortización del préstamo bancario que había financiado la construcción de dicha vivienda, ocupada por su propietario y destinada a residencia permanente. Esta interpretación fue confirmada por el Tribunal Supremo Administrativo.


2. Resolución del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional sostuvo que tratar de forma diferente a quienes adquirieron una vivienda mediante una hipoteca de quienes la construyeron con un préstamo para la construcción, cuando ambos venden el inmueble y utilizan el producto de la venta para amortizar sus respectivos préstamos, vulnera los principios constitucionales de igualdad, justicia sustantiva y capacidad de pago.


En opinión del Tribunal Constitucional, ambas situaciones son, en esencia, equivalentes: en ambos casos, el contribuyente utilizó un préstamo bancario para adquirir su propia vivienda permanente y vende el inmueble utilizando el producto de la venta para amortizar el préstamo. En este sentido, este Tribunal consideró que no existen motivos sustantivos suficientes para imponer una carga fiscal más pesada a quienes optaron por construir su propia vivienda.


El Tribunal consideró además que la medida adoptada por el legislador (excluir por completo los préstamos para la construcción) no se ajusta al principio de proporcionalidad, al ser manifiestamente excesiva en relación con el supuesto objetivo de prevenir el fraude.


En consecuencia, el Tribunal declaró inconstitucional el artículo 11, apartado 1, de la Ley n.º 82-E/2014, en la medida en que se interpreta que no abarca la amortización de préstamos destinados a la construcción de la vivienda habitual propia.


3. A quiénes puede afectar

Esta resolución es especialmente relevante para los contribuyentes que cumplan todos los requisitos siguientes:


  • El inmueble vendido es, de hecho, su vivienda habitual (el lugar en el que residían de forma estable y continuada);
  • El inmueble se construyó (y no se adquirió ya construido) mediante un préstamo bancario (préstamo para la construcción);
  • La venta del inmueble tuvo lugar entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020;
  • El contrato de préstamo para la construcción se formalizó antes del 31 de diciembre de 2014;
  • Los ingresos obtenidos de la venta se destinaron, en su totalidad o en gran parte, a la amortización del préstamo para la construcción;
  • La Administración Tributaria aplicó el impuesto sobre las ganancias patrimoniales en el marco del régimen del impuesto sobre la renta de las personas físicas, alegando que el régimen de exención no era aplicable, ya que el préstamo se destinó a la construcción (y no a la compra).


La resolución en cuestión se dictó en el marco de un recurso específico y no tiene carácter vinculante general, es decir, no es vinculante en todos los casos. No obstante, representa una interpretación clara y bien fundamentada por parte del Tribunal Constitucional sobre cómo debe interpretarse el régimen en cuestión de conformidad con la Constitución. Se espera que influya en el enfoque adoptado por los tribunales y la Autoridad Tributaria en casos similares.


En función de las circunstancias específicas de cada contribuyente, pueden existir diferentes vías de actuación. Es fundamental evaluar la situación con asesoramiento jurídico especializado:


  • Si existen reclamaciones pendientes, impugnaciones judiciales o recursos que puedan beneficiarse directamente de esta sentencia del Tribunal Constitucional;
  • Si es aplicable el mecanismo de revisión de oficio de las liquidaciones tributarias, que permite revisar las liquidaciones incluso fuera de los plazos normales de impugnación, en casos de error imputable a las autoridades fiscales o de injusticia grave y manifiesta;
  • Si es posible interponer una alegación de inconstitucionalidad en los procedimientos pendientes, basándose en esta sentencia.


Dada la complejidad del asunto y la importancia de los plazos procesales, recomendamos a los contribuyentes que se ajusten al perfil descrito que se pongan en contacto con nuestro equipo de Derecho Fiscal, que está a su disposición para responder a cualquier consulta y ofrecer un análisis personalizado de su situación. Este análisis nos permitirá evaluar la viabilidad de emprender acciones, las vías procesales adecuadas y los costes y riesgos asociados, facilitando así una decisión fundamentada.

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