LATEST NEWS: BUPi: se ha acabado la gratuidad. Y ahora, ¿cuánto cuesta regularizar un edificio?
Desde la creación del BUPi, la ley ha eximido de costes, dentro de ciertos límites, la identificación y el registro de fincas rústicas y mixtas a través de este sistema. Dicha gratuidad finalizó el 30 de septiembre de 2026. Quienes aún no hayan regularizado sus fincas deberán abonar los gastos derivados de los trámites y procedimientos, en un momento en el que la ley también ha ampliado los casos en los que se exige la RGG.
I. Lo que era gratuito
La Ley n.º 65/2019, de 23 de agosto, que generalizó el sistema de información catastral simplificada, eximía de costes los actos y procedimientos previstos en ella para fincas rústicas o mixtas con una superficie igual o inferior a 50 hectáreas. La exención abarcaba, entre otros:
- la representación gráfica georreferenciada (RGG) realizada por las entidades públicas o a petición de los interesados ante las mismas;
- los documentos de la Administración Pública necesarios para tramitar la RGG y los procedimientos especiales;
- la actualización de la descripción catastral de acuerdo con la RGG y la primera inscripción de adquisición realizada tras la misma;
- los expedientes de justificación y los procedimientos simplificados de sucesión hereditaria tramitados con la RGG;
- la inscripción de inmuebles que no figuran en el registro catastral y la modificación de superficies en dicho registro.
II. Prórroga tras prórroga
Inicialmente, la exención estaba vinculada a un plazo de cuatro años a partir de la adhesión de cada municipio al BUPi. El Decreto-Ley n.º 90/2023, de 11 de octubre, amplió el régimen y prorrogó la gratuidad hasta el 31 de diciembre de 2025.
El Decreto-Ley n.º 87/2026, de 15 de abril, introdujo la última prórroga. Su artículo 12 establece que la gratuidad «se mantendrá durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de entrada en vigor del presente decreto-ley», que tuvo lugar el 16 de abril de 2026. De este modo, quedó cubierto el período posterior a la finalización del plazo anterior. Al mismo tiempo, el texto legislativo fijó la nueva fecha límite: los actos son gratuitos «hasta el 30 de septiembre de 2026».
III. Qué se paga a partir del 1 de octubre de 2026
En la práctica, dejan de beneficiarse de la exención las tasas de registro y de los procedimientos especiales, los documentos expedidos por la Administración Pública para tramitar la RGG y los procedimientos, los certificados de inexistencia de registro y los actos registrales de inscripción de inmuebles no registrados y de modificación de superficies de inmuebles rústicos. A ello hay que añadir el importe de la RGG cuando se realiza con la asistencia de un técnico del municipio o de la entidad intermunicipal. Los importes fijados por el Decreto-Ley n.º 87/2026 son los siguientes:
Acto | Importe |
RGG (técnico del municipio o de la entidad intermunicipal) | 15 € hasta la 9.ª RGG; 10 € a partir de la 10.ª |
Procedimiento especial de justificación | 200 € + 50 € por cada inmueble adicional |
Procedimiento especial de inscripción | 250 € + 50 € por cada inmueble adicional |
Los importes de los procedimientos especiales incluyen los registros derivados de los mismos. El recargo por inmueble adicional tiene el límite previsto en el Reglamento de Tasas. La ley establece el importe de la RGG únicamente cuando se tramita con la asistencia de un técnico del ayuntamiento o de la entidad intermunicipal; no prevé ningún importe para la RGG presentada por el propio interesado en el BUPi.
Las tasas de los procedimientos especiales de justificación y de inscripción, así como otras tasas de inscripción previstas en el Reglamento de Tasas de los Registros y la Notaría, se reducen en un 65 % cuando el hecho se refiera únicamente a inmuebles rústicos de un valor inferior a 10 000 €. Esta reducción no afecta al importe de la RGG, que está fijado en la Ley n.º 65/2019.
Asimismo, la conciliación administrativa entre colindantes, cuando la realizara un técnico habilitado, era gratuita únicamente hasta el 30 de septiembre de 2026.
IV. La RGG en los títulos, las ayudas y las excepciones
La indicación del número de RGG ya era obligatoria en los actos que dieran lugar al registro de la adquisición de inmuebles rústicos y mixtos. La nueva redacción del artículo 19 hace referencia expresa a los documentos que titulan actos o negocios de transmisión del derecho de propiedad, con el objetivo, según el preámbulo, de que en el propio acto de enajenación todas las partes tengan una identificación clara de la superficie, los límites y la ubicación del inmueble.
El Decreto-Ley n.º 87/2026 introdujo además dos novedades en esta materia.
Solicitudes de ayudas económicas.
Todos los procedimientos de solicitud, adjudicación o concesión de ayudas financieras, subvenciones, incentivos o cofinanciaciones que tengan por objeto inmuebles rústicos o mixtos, incluidos los procedentes de fondos de la Unión Europea, deberán tramitarse con el RGG.
Declaración de utilidad pública.
Esta obligación deja de ser aplicable cuando exista una declaración previa de utilidad pública, así como en el caso de adquisiciones en el marco de un procedimiento ejecutivo o de insolvencia. Tampoco se exigirá dicha indicación cuando, tras una consulta de oficio al BUPi, se compruebe que ya se ha presentado el RGG o que el inmueble ya figura inscrito en el registro catastral.
El Decreto-Ley n.º 87/2026 modificó asimismo el Código del Registro de la Propiedad: la inscripción de la modificación de la superficie, del artículo de la matriz y de la parroquia o municipio de los inmuebles con número de identificación catastral deberá solicitarse en el plazo de dos meses a partir de la realización de la RGG.
V. Herencias con inmuebles rústicos y mixtos pendientes de regularización
Los procedimientos simplificados de sucesión hereditaria necesarios para la regularización de inmuebles rústicos o mixtos, siempre que se hayan tramitado mediante la RGG, figuraban entre los actos gratuitos. A partir del 1 de octubre de 2026, la regularización de estos inmuebles en el marco de una sucesión estará sujeta a las tarifas indicadas en la sección III. Dado que el procedimiento especial puede abarcar varios inmuebles, con un recargo de 50 € por cada inmueble adicional, los herederos pueden tramitar los distintos inmuebles en un único expediente.
Cuando los inmuebles no estén descritos o no tengan registrada su adquisición, el IRN notificará al titular de la inscripción en el registro catastral para que inicie el procedimiento especial de registro, obteniendo previamente el RGG cuando el inmueble esté inscrito en el registro no catastral, o para que declare a quién pertenece el inmueble. De no hacerlo, se iniciará el procedimiento de reconocimiento de un inmueble sin propietario conocido.
VI. El Estado también tiene un plazo
Los RGG de los inmuebles del dominio privado del Estado, de las Regiones Autónomas, de las administraciones locales y de los institutos públicos deberán estar finalizados a más tardar el 31 de diciembre de 2027.
VII. Otras novedades a tener en cuenta
Procedimiento especial de anexión de inmuebles rústicos.
El interesado presenta la solicitud de anexión en el BUPi y el servicio de registro inicia el procedimiento en un plazo de 90 días a partir de la recepción de la solicitud, siempre que exista un RGG. Si hubiera deficiencias que no puedan subsanarse de oficio, se notificará al interesado para que las subsane en un plazo de 10 días, lo cual podrá hacer a través del BUPi.
Comunicaciones proactivas.
El Centro de Coordinación Técnica comunicará trimestralmente al sujeto pasivo inscrito en el registro, por escrito, por correo electrónico o por correo postal, la ubicación geográfica estimada del inmueble rústico o mixto, con vistas a la realización de la RGG. Por lo tanto, muchos propietarios recibirán estos avisos.
Normativa.
El Decreto Regulador n.º 8/2026, de 21 de septiembre, en vigor desde el 22 de septiembre de 2026, modificó el Decreto Regulador n.º 9-A/2017 para armonizarlo con las novedades del Decreto-Ley n.º 87/2026. En su redacción actual, la RGG es un requisito previo, en los municipios que no disponen de registro catastral, para los procedimientos especiales de inscripción y justificación de fincas rústicas y mixtas, así como para el procedimiento especial de anexión de fincas rústicas.
