Propiedad multiclub - Un fenómeno imparable y una regulación en fuga

El Multi-Club Ownership ("MCO") es una realidad cada vez más presente en la escena internacional. Este modelo de negocio se caracteriza por la participación de una misma persona (física o jurídica) en dos o más clubes de fútbol, ya sea mediante la participación directa en el capital social o a través de estructuras de control indirecto.

El fenómeno no es ajeno a Portugal. En la actualidad, varios clubes forman parte de estructuras de MCO: por ejemplo, el SC Braga cuenta entre sus accionistas con Qatar Sports Investments -la misma organización que posee el París Saint-Germain-, mientras que el Rio Ave FC está controlado por el empresario griego Evangelos Marinakis, propietario simultáneo del Olympiacos y del Nottingham Forest FC.

Este tipo de estructura de inversión plantea una serie de interrogantes, sobre todo en lo que respecta a las normas de transparencia y a la prevención de conflictos de intereses que puedan poner en peligro la integridad de las competiciones deportivas.

A este respecto, recordamos la reciente polémica suscitada por la venta de dos jugadores del Rio Ave FC al Olympiacos -el delantero Clayton y el extremo André Luiz- en el mercado de fichajes de enero de 2026. Ambos fueron los principales destacados del equipo vilacondense en la primera mitad de la temporada, y Evangelos Marinakis admitió, según varios medios de comunicación, que rechazó ofertas de unos 20 millones de euros por André Luiz y de más de 10 millones de euros por Clayton, optando por traspasarlos al Olympiacos por bastante menos, con el objetivo declarado de reforzar al club griego, del que es propietario.

La situación dio un giro adicional debido a que el CF Estrela da Amadora tiene una cláusula del 10% sobre el futuro traspaso de André Luiz, y el club anunció en un comunicado [1] que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo para que investigue la operación y determine si se respetaron los principios de equidad económica y salvaguarda de los intereses de terceros contractualmente implicados.

Este caso ilustra de forma paradigmática algunos de los riesgos potenciales y putativos inherentes a las estructuras multipropiedad - entre ellos, el posible debilitamiento competitivo de clubes jerárquicamente inferiores dentro de la misma estructura de MCO, la práctica de traspasos internos por debajo del valor de mercado e incluso el posible perjuicio a terceros titulares de derechos económicos sobre los jugadores traspasados.

Del mismo modo, la propiedad multiclub adquirió relevancia internacional cuando el Crystal Palace FC entró en las competiciones europeas de la UEFA para la temporada 2025/2026. El club inglés ganó la FA Cup en mayo de 2025, clasificándose para laUEFA Europa League, pero se le denegó la entrada porque el empresario John Textor poseía tanto una participación en el Crystal Palace FC como el control mayoritario del Olympique Lyonnais, que también se clasificó para la misma competición. Según las normas de la UEFA -en particular el artículo 5 del reglamento de competición de la UEFA [2] -, una persona (física o jurídica) no puede tener el control o ejercer una influencia decisiva sobre más de un club participante en la misma competición europea. Como consecuencia, el Crystal Palace FC fue relegado a la "UEFA Conference League", viéndose impedido de jugar en la competición para la que se había clasificado con todos los méritos deportivos, lo que implicaba no sólo la imposibilidad de participar en una competición más prestigiosa, sino también un impacto financiero negativo como consecuencia de los diferentes niveles de ingresos entre competiciones.

A raíz de este caso, la UEFA anunció su intención de flexibilizar parcialmente el modelo reglamentario. En octubre de 2025, se propuso introducir un sistema de "doble plazo": los clubes mantendrían la obligación de señalar los posibles conflictos de MCO antes del 1 de marzo, pero tendrían un plazo adicional hasta principios de junio para resolver de forma efectiva cualquier problema de solapamiento entre clubes del mismo grupo. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2025, la UEFA emitió una declaración [3] en la que confirmaba que, para la temporada 2026/27, el plazo del 1 de marzo debía seguir siendo la fecha de evaluación vinculante.

En Portugal, la cuestión está regulada por la Ley nº 39/2023, de 4 de agosto, que establece el marco jurídico de las sociedades deportivas, prohibiendo que una persona física o jurídica con una participación cualificada [4] en una sociedad deportiva posea simultáneamente una participación cualificada en otra sociedad deportiva que participe en competiciones nacionales del mismo deporte (véase el nº 1 del artículo 16). Además, también está prohibida la participación de una sociedad deportiva en el capital de otra (véase el artículo 16, nº 3). La violación de estas normas, así como de los deberes de transparencia asociados - que incluyen informar a las autoridades competentes de toda la cadena de participantes - constituye una infracción administrativa muy grave (véase el artículo 16, nº 5).

Mientras que las normas de la UEFA se centran en el concepto de "influencia decisiva [5]" - que abarca no sólo la posesión de participaciones mayoritarias, sino también situaciones de control de facto a través de acuerdos entre accionistas, derechos de veto sobre decisiones estratégicas o relaciones contractuales que permitan condicionar la gestión deportiva o financiera de un club-, la Ley 39/2023 adopta un criterio formal más estricto: el umbral del 5% de participaciones cualificadas.

Está claro, por tanto, que el fenómeno de la propiedad multiclub se encuentra en una encrucijada reglamentaria. Por un lado, su expansión parece irreversible: el volumen de inversión en el fútbol y la lógica de diversificación de los activos seguirán impulsando sin duda la adquisición de participaciones en múltiples clubes. Por otro lado, los casos del Rio Ave FC y del Crystal Palace FC demuestran, cada uno a su escala, que los marcos reglamentarios en vigor -tanto a nivel europeo como nacional- presentan debilidades y zonas grises que pueden comprometer la verdad deportiva en abstracto.

Por tanto, la pregunta es inevitable: ¿será capaz el legislador de seguir el ritmo de un fenómeno que parece que seguirá siendo imparable? Con la evaluación formal de la Ley 39/2023 prevista para septiembre de 2026 y la UEFA considerando la posibilidad de ajustar su propio modelo, los próximos meses podrían ser decisivos para definir las nuevas reglas de este juego.