Flash Alert - Ley n.º 35/2026, de 27 de julio — Política penal para el bienio 2026-2028
El 27 de julio se publicó la Ley n.º 35/2026, en la que se establecen los objetivos, las prioridades y las directrices de la política penal para el bienio 2026-2028. Esta legislación reviste especial importancia, ya que establece los principios rectores de la labor de la Fiscalía General, las fuerzas de policía judicial y otros organismos con competencias en materia de prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos.
La nueva ley establece una estrategia integrada destinada a reforzar la eficacia de la respuesta de la justicia penal, agilizar la tramitación de los expedientes, intensificar la lucha contra los delitos más graves y garantizar una mayor protección a las víctimas.
Esta ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026, fecha en la que también entrarán en vigor las modificaciones más recientes del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. En su conjunto, estas normas reflejan una estrategia legislativa basada en cuatro pilares fundamentales: una mayor celeridad procesal, una mejor protección de las víctimas, una lucha más intensa contra la delincuencia económica y financiera y la ciberdelincuencia, y una mayor eficacia en la recuperación del producto de la actividad delictiva.
La nueva política penal se centra, esencialmente, en lo siguiente:
i) El refuerzo de la prevención y la lucha contra las formas de delincuencia que se consideran de mayor impacto social
Cabe destacar especialmente la necesidad de reforzar la prevención de la corrupción y los delitos relacionados con ella, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Agenda Anticorrupción. Se hace especial hincapié en la actuación coordinada entre los organismos de auditoría e inspección, la Fiscalía General, las fuerzas de policía judicial y el Mecanismo Nacional Anticorrupción (MENAC), en particular mediante la realización de auditorías, medidas de ejecución e iniciativas de formación y sensibilización.
En respuesta al aumento de la radicalización en línea y del discurso de odio, cabe destacar especialmente la inclusión del delito de trata de personas entre las medidas de prevención prioritarias, así como la tipificación de los «delitos de discriminación e incitación al odio y a la violencia, incluso en el contexto digital» y de los «delitos motivados por el odio racial, religioso o político»
También cabe destacar la disposición relativa a la intervención estatal en materia de protección consular para combatir el secuestro internacional de menores.
Delitos como el robo en el transporte público, el hurto, la apropiación ilícita de bienes inmuebles, el fraude informático y de las comunicaciones, y la extorsión se incluyen ahora en la lista de delitos prioritarios de prevención por sí mismos, en respuesta al aumento de los delitos contra la propiedad con un impacto social significativo.
Como reflejo del contexto geopolítico del conflicto en Ucrania, los delitos relacionados con el incumplimiento de medidas restrictivas y el comercio ilícito de material militar también se identifican como delitos prioritarios para la investigación.
En lo que respecta a la prevención de incendios forestales, se hace especial hincapié en la necesidad de coordinación con el ICNF, la ANEPC, los drones y las líneas directas de denuncia, así como en el trabajo penitenciario en la limpieza de bosques. En este contexto, la recuperación de activos desempeña un papel destacado y se reconoce como parte integrante del marco institucional para la lucha contra la delincuencia organizada y la delincuencia económico-financiera. La identificación, el rastreo y la incautación de activos vinculados a actividades delictivas constituyen ahora una prioridad para la Fiscalía General y la Oficina de Recuperación de Activos.
ii) Protección de las víctimas
Se está prestando especial atención a la aplicación de medidas de protección de las víctimas, con especial énfasis en la prevención de la victimización secundaria mediante mecanismos acelerados para la recogida y valoración de pruebas; garantizando que las víctimas de violencia doméstica puedan permanecer en sus hogares, dando prioridad a las medidas de restricción de la libertad de movimiento del acusado y a la asistencia a distancia; el alojamiento de las víctimas de redes de inmigración ilegal y de la trata de seres humanos en centros adecuados; y la creación de una red de centros de crisis para víctimas de violencia sexual en colaboración con el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Policía Judicial (PJ).
iii) Prevención de la reincidencia
Se prevé la creación de programas de rehabilitación para las personas condenadas por corrupción y delitos relacionados, así como por delitos informáticos, con el objetivo de «adquirir o reforzar las competencias personales y sociales». Esta innovación refleja el reconocimiento de que la reincidencia en los ámbitos de la delincuencia económica y financiera y de los delitos informáticos requiere una intervención específica.
También cabe destacar el compromiso de desarrollar programas específicos para el seguimiento y la rehabilitación de los condenados, en particular en los ámbitos de la violencia doméstica, los delitos sexuales, la corrupción, la ciberdelincuencia, los incendios forestales y las infracciones de tráfico.
iv) Fomento de la eficiencia procesal
Con el fin de garantizar que el sistema de justicia penal sea más eficiente y capaz de responder de manera oportuna a las exigencias de las investigaciones penales, se han aplicado medidas para agilizar los procedimientos penales y se ha ampliado el ámbito de aplicación del procedimiento sumario.
v) Fortalecimiento de las investigaciones especializadas y de la cooperación interinstitucional
El poder legislativo ha demostrado su compromiso con la asignación racional de los recursos de investigación y ha reforzado su enfoque en la especialización de las investigaciones penales y en la cooperación entre los distintos organismos con responsabilidades en materia de prevención, supervisión e investigación.
El poder legislativo reconoce que la sofisticación técnica, la complejidad y la gravedad social de los fenómenos delictivos deben tenerse especialmente en cuenta a la hora de establecer las prioridades de un caso.
Se prevé que el Fiscal General cree equipos especiales para investigaciones de gran complejidad y equipos conjuntos para investigar delitos violentos, graves o prioritarios, reuniendo a funcionarios de diferentes cuerpos de policía judicial y, cuando proceda, de otros organismos públicos con conocimientos especializados.
La legislación prevé asimismo la creación de tres equipos especiales permanentes dedicados a la investigación de los delitos de incendio forestal, ayuda a la inmigración ilegal, trata de personas y fraude en el Servicio Nacional de Salud.
Por último, el legislador reconoce la sofisticación de los ciberataques basados en la inteligencia artificial, haciendo referencia a la necesidad de formación en ciberseguridad y a la creación de programas penitenciarios que incluyan pruebas de penetración.
