LATEST NEWS: Portugal aprueba la Ley de Servicios Digitales: ¿qué cambia para las empresas?

El Reglamento de Servicios Digitales, más conocido como la Ley de Servicios Digitales (LSD), plenamente aplicable desde el 17 de febrero de 2024, recibió un hito decisivo en Portugal casi dos años después: la aprobación de la ley que garantiza su aplicación.

La DSA forma parte del paquete legislativo europeo sobre servicios digitales que, junto con el Reglamento de Mercados Digitales, tiene como objetivo crear un espacio digital más seguro, garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los usuarios y promover una competencia leal que estimule la innovación y el crecimiento empresarial. Para los usuarios, supone un mayor control sobre sus opciones a la hora de utilizar plataformas en línea y motores de búsqueda. Para las empresas, también representa una oportunidad estratégica para reforzar la transparencia, la confianza de los usuarios y su posición competitiva en un mercado digital cada vez más regulado.

1. ¿A quién se aplica?

La DSA se aplica a todos los proveedores de servicios de intermediación en línea que ofrecen servicios a usuarios residentes en la Unión Europea, independientemente del país de establecimiento de la empresa.

Esto incluye: tiendas de aplicaciones y plataformas de viajes y alojamiento en línea, redes sociales, mercados, servicios de alojamiento de contenidos, motores de búsqueda y proveedores de acceso a internet.

Las normas son proporcionales al tamaño de las empresas y al impacto que tienen en la sociedad. En este sentido, el reglamento también establece normas especiales para:

• las plataformas en línea muy grandes (VLMP), utilizadas por más del 10% de los 450 millones de consumidores activos en la UE; y
• los motores de búsqueda en línea muy grandes (MPLMGD), utilizados por más del 10% de los 450 millones de consumidores activos en la UE.

La Comisión Europea ya ha identificado varias empresas cubiertas por estas normas mejoradas, entre ellas plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Amazon Store o Temu, así como motores de búsqueda como Google Search y Bing.

2. Principales obligaciones para las empresas

En constante articulación con el GDPR, este reglamento introduce obligaciones claras y concretas para garantizar la transparencia, la protección de los usuarios y la moderación de contenidos ilegales. Entre las principales, destacan las siguientes:

• Señalización y eliminación de contenidos ilegales: mecanismos rápidos de notificación y actuación ante contenidos ilegales;
• Transparencia: divulgación clara de las políticas de moderación, los algoritmos de recomendación, los criterios utilizados en la presentación de la publicidad y la prohibición de pautas oscuras;
• Protección de menores: adopción de medidas de seguridad adecuadas y prohibición del uso de perfiles para mostrar anuncios dirigidos cuando exista un grado razonable de certeza de que el usuario es menor de edad;
• Canales de contacto eficaces: para la comunicación directa con las autoridades y los usuarios;
• Informes anuales de transparencia: en los que se detallen las acciones de moderación y gestión de contenidos.

Las empresas más pequeñas se benefician de exenciones parciales, lo que les permite aplicar las mejores prácticas de forma gradual y competitiva.

3. ¿Qué ocurre si las empresas no cumplen las normas?

El incumplimiento de las obligaciones puede acarrear importantes sanciones, incluidas multas de hasta el 6% de la facturación anual global, así como medidas correctivas específicas.

Aquí es donde el ASD se vuelve tan estratégico como normativo. Cada descuido puede generar riesgos financieros y de reputación considerables. Para las empresas, comprender

estos requisitos y alinear los procesos internos no se trata sólo de cumplir la ley, sino de proteger su credibilidad en el mercado digital.

4. DSA: De la regulación a la acción

Para afrontar con seguridad los requisitos de la DSA, las empresas deben adoptar un enfoque estratégico que vaya más allá del simple cumplimiento. Esto significa identificar claramente las obligaciones aplicables a sus servicios, estructurar procesos internos para la gestión de contenidos y la protección de los usuarios, y garantizar la transparencia en todas las interacciones digitales. Anticiparse a estas medidas no sólo minimiza los riesgos legales y de reputación, sino que también permite convertir el cumplimiento en una ventaja competitiva, reforzando la confianza de los usuarios y consolidando la posición de la empresa en un mercado digital cada vez más exigente.