LATEST NEWS: Nueva Directiva de armonización de la legislación sobre insolvencia
La Directiva (UE) 2026/799 sobre la armonización de la legislación en materia de insolvencia se publicó el 1 de abril de 2026.
El objetivo de esta directiva es contribuir al buen funcionamiento del mercado interior y de la Unión de Mercados de Capitales y eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales, como la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, debidos a las diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia.
Las importantes diferencias, reconocidas por el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, entre las legislaciones sustantivas en materia de insolvencia han contribuido a aumentar la inseguridad jurídica y la imprevisibilidad en cuanto al resultado de los procedimientos de insolvencia. Las grandes divergencias en el valor de recuperación y el tiempo necesario para finalizar los procedimientos de insolvencia en la Unión Europea repercuten negativamente en la previsibilidad de los costes para los acreedores e inversores en situaciones transfronterizas en el mercado interior.
El Parlamento Europeo considera que las diferencias entre las normas de los Estados miembros reducen el atractivo de las inversiones transfronterizas, lo que crea obstáculos y afecta a la circulación transfronteriza de capitales dentro de la Unión Europea hacia y desde terceros países. Por ello, la armonización de determinados aspectos de la legislación sobre insolvencia puede requerir cambios en las legislaciones de los Estados miembros.
La presente Directiva promete mejorar la eficacia del funcionamiento de los mercados de capitales y, en particular, permitir un mayor acceso de las empresas a la financiación. Por ello, considera necesario establecer requisitos mínimos en ámbitos específicos de los procedimientos de insolvencia que tienen un impacto significativo en la eficacia y la duración de dichos procedimientos, especialmente en el caso de los procedimientos de insolvencia transfronterizos.
En resumen, la ley establece la armonización de seis cuestiones clave:
- acciones de impugnación portuguesas (la ley portuguesa tiene un régimen de resolución a favor de la masa insolvente);
- localización de activos: el objetivo es reforzar los instrumentos de identificación y localización de activos, incluso en un contexto transfronterizo;
- procedimientos pre-pack: un proceso que incluye una fase de preparación y una fase de liquidación y que permite la venta de la empresa del deudor, en su totalidad o en parte, como empresa en funcionamiento al mejor postor, en el marco de un procedimiento de insolvencia;
- deberes de los administradores: cuando la persona jurídica se declara insolvente, obliga a sus administradores a presentar una solicitud en un plazo determinado, so pena de incurrir en responsabilidad por los daños causados a los acreedores (la ley portuguesa ya consagra el deber de presentar una solicitud de insolvencia y lo hace en un plazo más breve que el fijado por la nueva Directiva);
- comisiones de acreedores: destinadas a reforzar la participación organizada de los acreedores en el proceso, mediante normas mínimas sobre constitución, composición y funciones;
- ficha de información clave: destinada a hacer accesibles, comparables e inteligibles los elementos esenciales de la legislación nacional sobre insolvencia para los acreedores e inversores, especialmente a escala transfronteriza.
Por otra parte, la ley se abstiene de armonizar directamente los procedimientos simplificados de liquidación para las microempresas, dejando a los Estados miembros libertad para legislar en la materia.
La perspectiva general de la ley es, por tanto, la de una armonización dirigida principalmente a satisfacer los intereses de los acreedores en el contexto de la insolvencia, ya sea mediante la recuperación y liquidación de los activos de forma eficaz y oportuna, o mediante la venta de la empresa del deudor, en su totalidad o en parte, como empresa en funcionamiento.
Para la legislación portuguesa, la nueva Directiva supone un reto, debido a los posibles cambios legislativos que implica, pero también una oportunidad para reformar el CIRE con una visión más amplia.
Los Estados miembros tienen hasta el 22 de enero de 2029 para transponer esta Directiva.
