LATEST NEWS: Armonización de las medidas penales y preventivas en la UE: la nueva Directiva de la UE contra la corrupción
El 31 de mayo de 2026 entró en vigor la Directiva (UE) 2026/1021 («la Directiva») relativa a la lucha contra la corrupción, con el objetivo de reforzar las medidas penales y preventivas en todos los Estados miembros.
La Directiva tiene por objeto armonizar conceptos y garantizar que los Estados miembros apliquen sanciones efectivas, así como promover políticas de integridad pública más coherentes, mediante el establecimiento de normas mínimas en dos frentes: el preventivo y el correctivo.
En el ámbito preventivo, los Estados miembros deben adoptar una estrategia nacional contra la corrupción, crear organismos dedicados a la prevención y la aplicación de la ley, evaluar los riesgos, impartir formación a los funcionarios públicos, proteger a los denunciantes, recopilar datos estadísticos y promover la cooperación entre las autoridades de los distintos Estados miembros.
En el ámbito correctivo, la Directiva establece un catálogo común de delitos relacionados con la corrupción, que abarca la corrupción tradicional (concesión o recepción de ventajas indebidas), el ejercicio ilícito de funciones públicas, el enriquecimiento derivado de delitos de corrupción, la ocultación o el encubrimiento de activos o beneficios obtenidos a través de dichos delitos, la corrupción en el sector privado, el tráfico de influencias y la obstrucción a la justicia, entre otros.
En Portugal, los delitos de corrupción, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales ya están tipificados en el Código Penal y en legislación especial, concretamente en el régimen penal que regula la corrupción en el comercio internacional y en el sector privado. Este marco se complementa además con la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENAC), que dio lugar al Régimen General de Prevención de la Corrupción y al Régimen General de Protección de los Denunciantes.
Portugal no parte de «cero», pero la Directiva exigirá que se refuerce el marco actual: será necesario verificar si los delitos tipificados actualmente abarcan plenamente el ámbito de aplicación establecido en la Directiva y, en caso contrario, crear nuevos delitos específicos o revisar los existentes.
La Directiva también establece un nivel mínimo común de sanciones que se impondrán a las personas físicas y jurídicas.
Para las personas físicas:
Las penas de prisión máximas previstas en la legislación nacional deberán ser, como mínimo:
· 5 años para el delito de corrupción (activa y pasiva) en el sector público, cuando el acto cometido por el funcionario sea contrario a sus obligaciones;
· 4 años para los delitos de malversación por parte de un funcionario público (que abarcan, en virtud de la legislación portuguesa, los delitos de malversación y apropiación indebida de activos del sector público), de enriquecimiento derivado de delitos de corrupción y de encubrimiento (que abarca, en virtud de la legislación portuguesa, el delito de blanqueo de capitales);
· 3 años para los delitos de corrupción en el sector público cuando el acto no sea contrario a las obligaciones del funcionario, la corrupción en el sector privado y el tráfico de influencias.
Las personas físicas también pueden ser objeto de sanciones adicionales, a saber, sanciones pecuniarias, inhabilitación o prohibición para ejercer cargos o funciones públicas, revocación de licencias, exclusión de la financiación pública y publicación de la resolución judicial.
Para las personas jurídicas:
Las sanciones pecuniarias se calculan sobre la base del volumen de negocios global o de importes fijos, con los siguientes umbrales mínimos:
· El 5 % del volumen de negocios mundial total o, alternativamente, una cantidad equivalente a 40 millones de euros, para los delitos de corrupción en los sectores público y privado y de malversación;
· El 3 % del volumen de negocios mundial total o, alternativamente, un importe equivalente a 24 millones de euros, para los delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y enriquecimiento derivado de delitos de corrupción.
Las personas jurídicas también pueden ser objeto de sanciones adicionales, a saber: la exclusión de ayudas y financiación públicas, la prohibición de ejercer actividades comerciales, la revocación de licencias y autorizaciones, la rescisión de los contratos en relación con los cuales se cometió el delito, la imposición de supervisión judicial, la liquidación judicial y el cierre de los establecimientos implicados en la comisión del delito.
Estos límites mínimos deben coordinarse con las sanciones pecuniarias actualmente aplicables a las personas jurídicas y con los regímenes especiales vigentes en la legislación portuguesa.
En lo que respecta a las circunstancias agravantes, la Directiva exige que se preste especial atención a los delitos cometidos en el marco de una organización delictiva. Los Estados miembros también podrán calificar como circunstancias agravantes las situaciones en las que los delitos sean cometidos por altos cargos o impliquen beneficios de un valor especialmente elevado.
Como circunstancia atenuante, se reconoce la cooperación efectiva del autor con las autoridades o su contribución al descubrimiento de la verdad. En el caso de las personas jurídicas, la existencia de
, la denuncia voluntaria del delito a las autoridades y la adopción de medidas correctoras pueden tenerse en cuenta a la hora de determinar la pena.
La Directiva establece asimismo requisitos mínimos en materia de plazos de prescripción, competencia jurisdiccional, inmunidades y expiración de las penas, con el fin de evitar que las investigaciones complejas sobre corrupción concluyan sin una condena por motivos de forma. Esto puede requerir ajustes en los plazos y en las normas sobre el cálculo de los plazos previstos en la legislación portuguesa.
A nivel institucional, los Estados miembros están obligados a adoptar y actualizar periódicamente una estrategia nacional contra la corrupción, basada en evaluaciones de riesgo sectoriales, así como a recopilar y publicar estadísticas anuales detalladas sobre investigaciones, enjuiciamientos y condenas.
Portugal ha avanzado en esta dirección, pero deberá garantizar la continuidad de la ENAC más allá del ciclo actual, reforzar la evaluación sistemática de riesgos y mejorar la calidad y la transparencia de los datos estadísticos.
La Directiva no revoluciona el sistema portugués, pero podría actuar como catalizador: exige la clarificación de las categorías jurídicas, el refuerzo de las sanciones aplicables a las empresas, la estabilización de las normas procesales y la consolidación de una política anticorrupción más sistemática basada en datos estadísticos.
El plazo para la transposición de las principales medidas es el 1 de junio de 2028, prorrogado hasta el 1 de junio de 2029 para la adopción de la estrategia nacional anticorrupción y la realización de evaluaciones periódicas de riesgos.
Para las entidades públicas y privadas, este es el momento oportuno para revisar los programas de cumplimiento, los mapas de riesgos y los mecanismos internos de denuncia de irregularidades, con el fin de anticiparse a los cambios legislativos que deberán transponerse para 2028/2029 y reducir la exposición a riesgos penales y de reputación.
