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# LATEST NEWS: Pacto de la Unión Europea sobre migración y asilo

[Artículos](https://www.ecija.com/adcecija/esp/index.md?category=Art%C3%ADculos)2 de julio de 2026

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El 12 de junio de 2026 entró plenamente en vigor el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea. Esto marca el inicio de una nueva etapa en la forma en que Europa —y, por consiguiente, también Portugal— gestiona sus fronteras exteriores, los procedimientos de asilo, el retorno y la solidaridad entre los Estados miembros.

1\. Antecedentes: de la reforma europea a la aplicación nacional

El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo es el paquete legislativo europeo más ambicioso en este ámbito de las últimas décadas. Propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2020, fue aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2024 y por el Consejo en mayo de 2024. Los instrumentos jurídicos entraron en vigor el 11 de junio de 2024 y son plenamente aplicables desde el 12 de junio de 2026.

El objetivo es claro: sustituir las respuestas fragmentadas y *puntuales* por normas armonizadas, basadas en la solidaridad obligatoria entre los Estados miembros, la responsabilidad compartida y el respeto de los derechos fundamentales. El paquete comprende diez actos legislativos, entre los que se incluyen reglamentos y directivas, que rediseñan el Sistema Europeo Común de Asilo y Migración de manera integrada.

Para Portugal, la aplicación va más allá de la mera adaptación de la legislación nacional: requiere una respuesta coordinada a nivel legislativo, institucional, operativo, tecnológico y financiero en la que participen múltiples organismos.

2\. ¿Qué está cambiando a nivel europeo?

A nivel europeo, el Pacto se articula en torno a cuatro pilares que deben considerarse de forma conjunta: el refuerzo de la gestión integrada de las fronteras exteriores; la armonización de los procedimientos de asilo; el establecimiento de una solidaridad obligatoria, aunque flexible, entre los Estados miembros; y la coordinación de las vías de migración legal, las asociaciones exteriores y unos mecanismos de retorno más eficaces. La novedad no radica tanto en cada uno de estos ámbitos considerados de forma aislada como en su integración en un único modelo procedimental, en el que la frontera, la solicitud de protección internacional, la determinación del Estado responsable y cualquier decisión sobre el retorno están ahora más estrechamente vinculadas.

La Comisión Europea ha estructurado los preparativos de los Estados miembros en torno a lo que ha denominado diez *«pilares»* (ámbitos prioritarios) que abarcan, entre otros, Eurodac, la selección inicial, la acogida, los procedimientos de protección internacional, el retorno, la responsabilidad, la solidaridad, la gestión de contingencias y crisis, las garantías de los derechos fundamentales, y el reasentamiento y la integración.

Entre las innovaciones más significativas se encuentran:

- La selección obligatoria en la frontera, que incluye controles de identidad, seguridad, salud y vulnerabilidad;
- Un Eurodac reforzado, que se está ampliando para pasar de ser una base de datos de asilo a una base de datos integral sobre asilo y migración, que incluye datos biométricos;
- Procedimientos de asilo acelerados y coordinación directa con las decisiones de retorno;
- Un mecanismo de solidaridad obligatorio pero flexible: reubicación, contribuciones financieras o apoyo operativo;
- El mantenimiento del sistema de Dublín con nuevos criterios para determinar la responsabilidad, incluidos los vínculos familiares y las titulaciones académicas.

3\. Portugal y el Pacto: legislación, instituciones y aplicación

La adaptación nacional al Pacto se ha llevado a cabo en múltiples frentes. El Gobierno ha creado grupos de trabajo, con comités de coordinación (en los que participan ministerios como el de la Presidencia, Asuntos Exteriores, Administración Interior, Justicia y Trabajo) y comités ejecutivos (integrados por la AIMA, el ISS, la PSP, la GNR, la PJ, el FAMI y otros organismos).

En el ámbito legislativo, en mayo de 2026 el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley destinado a armonizar la legislación portuguesa con el nuevo marco europeo, centrándose tanto en el sistema de concesión de asilo y protección internacional como en el control de las fronteras exteriores y la gestión de la inmigración. Estas iniciativas pretenden introducir un control obligatorio de los nacionales de terceros países, procedimientos más ágiles para las solicitudes presentadas en la frontera, un régimen específico para el retorno en la frontera, normas aplicables a los centros de control, plazos más cortos y mayores garantías para las personas vulnerables, en particular los menores. La implicación práctica es clara: Portugal tendrá que pasar de un modelo centrado en respuestas sucesivas y a menudo fragmentadas a un marco procedimental más integrado, lo que exigirá una mayor coordinación entre la toma de decisiones administrativas, la acogida, el posible retorno y el control judicial.

A nivel institucional y operativo, destacan los siguientes aspectos:

- La creación de la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF) en el seno de la PSP (Ley n.º 55-C/2025, de 22 de julio);
- El Decreto-Ley n.º 116-A/2025, de 27 de octubre, por el que se aplica el nuevo régimen de Eurodac;
- La creación, «en curso», de secciones especializadas en inmigración y asilo en los tribunales administrativos y fiscales;
- La reprogramación del AMIF 2030, con una dotación adicional de 32,7 millones de euros, lo que eleva la financiación total a 107,8 millones de euros;
- Las inversiones en capacidad operativa, incluida la ampliación del Centro de Alojamiento Temporal de Oporto y de un centro de selección cerca del aeropuerto de Lisboa.

La coordinación entre la AIMA, la PSP/UNEF, los tribunales administrativos, las organizaciones de acogida, los servicios sociales y los mecanismos de financiación europeos constituye la piedra angular de esta reforma.

Por lo tanto, su aplicación pondrá a prueba la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos. La experiencia de los últimos años en el ámbito de la inmigración ha demostrado que la calidad de las soluciones jurídicas depende tanto del diseño de la legislación como de los recursos administrativos, tecnológicos y humanos disponibles para aplicarlas. En el contexto del Pacto, esta dimensión práctica adquiere especial relevancia: los sistemas de información, la formación del personal, la coordinación entre organismos y la capacidad de respuesta de los tribunales serán tan cruciales como el propio texto de la ley.

4\. Cuestiones delicadas: fronteras, control, retorno y garantías

**Selección**

La selección, como su nombre indica, consistirá en la fase inicial de comprobación de la identidad, la seguridad, la salud y la vulnerabilidad, diseñada para orientar a cada persona hacia el procedimiento adecuado. En Portugal, esto requerirá centros específicos, procedimientos claros, formación especializada y coordinación interinstitucional. El modelo nacional prevé la creación de Centros Nacionales de Control, Centros de Apoyo y Centros Móviles.

Por lo tanto, el cribado debe considerarse un momento decisivo y no una mera formalidad administrativa. La información recabada en esta fase determinará la trayectoria posterior de la persona en cuestión, es decir, su derivación al procedimiento de asilo, al procedimiento de retorno o a otro marco jurídico aplicable. Por lo tanto, la calidad de la recopilación de datos, la identificación de vulnerabilidades y la facilitación de información comprensible desde el primer contacto con las autoridades serán esenciales para evitar decisiones prematuras o inadecuadas.

**Procedimientos fronterizos y de retorno.**

El Pacto tiene por objeto agilizar las decisiones y la coordinación entre la resolución sobre protección internacional y la resolución de retorno. Se mantienen las garantías procesales y el principio de *no devolución*. Se da prioridad al retorno voluntario.

Es precisamente en esta compresión de los plazos donde surgen algunos de los mayores retos jurídicos. Cuando las decisiones se suceden rápidamente y de forma secuencial, las garantías dejan de funcionar meramente como mecanismos correctivos en una fase posterior y pasan a convertirse en condiciones de legalidad desde el inicio mismo del procedimiento. El acceso efectivo a la información, a la interpretación, a la asistencia jurídica y al control judicial no es, por lo tanto, un elemento secundario del sistema, sino una condición que garantiza que la eficiencia administrativa sea compatible con el Estado de Derecho.

**Responsabilidad y solidaridad.**

El enfoque sigue siendo similar al del sistema de Dublín, pero con nuevos criterios y un mecanismo de solidaridad obligatorio que puede implicar la reubicación, contribuciones financieras o apoyo técnico y operativo a los Estados miembros sometidos a mayor presión.

**Derechos fundamentales y situaciones de vulnerabilidad**

Los plazos más ajustados y los procedimientos más rápidos hacen que resulte crucial proporcionar información comprensible, asistencia jurídica, identificación temprana de las vulnerabilidades, protección de los menores (incluida la función de los tutores temporales y permanentes para los menores no acompañados) y un control judicial efectivo. El establecimiento de un mecanismo independiente de supervisión de los derechos fundamentales, bajo la responsabilidad del Defensor del Pueblo, constituye una garantía esencial.

5\. Qué cabe esperar: empresas, particulares y operadores

El Pacto se centra principalmente en el asilo, las fronteras exteriores, la migración irregular, la responsabilidad y la solidaridad, y el retorno. No sustituye a las vías nacionales de obtención de la residencia por motivos laborales, de estudios, de inversión o familiares. Sin embargo, forma parte de una tendencia normativa más estricta, en la que la entrada legal, la documentación coherente y el cumplimiento de los plazos están adquiriendo una importancia estratégica.

Para las empresas y los empleadores, la principal consecuencia no será la sustitución de los regímenes nacionales de inmigración laboral, sino el fortalecimiento de una cultura de planificación y cumplimiento de la normativa en materia de inmigración. La entrada legal, la elección correcta del visado o la autorización, una documentación coherente y el cumplimiento de los plazos tenderán a cobrar aún más importancia, especialmente en el contexto de la movilidad internacional, la contratación de trabajadores extranjeros o el desplazamiento de personal. En un entorno de mayor escrutinio, las solicitudes incompletas o mal preparadas pueden dar lugar no solo a retrasos, sino también a un mayor riesgo de denegación o de litigio.

Para las personas y las familias, el mensaje es similar: el Pacto no altera, por sí mismo, todas las vías de residencia en Portugal, pero refuerza la importancia de las vías de migración regulares, de las solicitudes completas y de una sólida documentación justificativa. En los casos relacionados con la protección internacional, la vulnerabilidad, la reagrupación familiar en situaciones delicadas o el riesgo de retorno, el apoyo jurídico cobra especial importancia desde el primer momento, ya que la rapidez de los procedimientos puede reducir las posibilidades de subsanar las deficiencias en una fase posterior.

Para las instituciones y los prestadores de servicios, el reto consistirá esencialmente en la aplicación: preparar a los equipos, garantizar la interoperabilidad de los sistemas, asegurar la capacidad de acogida, establecer mecanismos de recurso eficaces y consolidar herramientas de supervisión independientes. La aplicación del Pacto tendrá tanto más éxito cuanto mayor sea la capacidad de traducir las nuevas obligaciones europeas en procedimientos claros, comprensibles y sostenibles para los responsables de la toma de decisiones, quienes supervisan el proceso y quienes se ven directamente afectados por las decisiones.

6\. Conclusión

En Portugal, el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo no debe considerarse un «giro repentino de 180 grados», sino un cambio estructural: una mayor europeización del sistema, una mayor rapidez, una mayor integración entre el control fronterizo, el asilo y el retorno, una mayor presión sobre la administración y los tribunales, y un requisito reforzado de garantías de los derechos fundamentales.

El período que ahora comienza es de consolidación y aplicación. La eficacia de las soluciones adoptadas dependerá de la capacidad de las instituciones para garantizar que se apliquen de manera coherente y eficiente, respetando los derechos fundamentales, así como de la atención que todas las partes interesadas, tanto públicas como privadas, dediquen al seguimiento de esta reforma.

![La imagen muestra huellas en la arena dorada de una playa.](https://images.griddo.ecija.com/c/cover/q/70/w/3840/h/1337/p/center/f/jpeg/chuttersnap-nraci7vu9hc-unsplash-523d3dea-c332-4598-9e7e-6262f1f20271)

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