Nuevo reglamento implementa posibilidad de adopción de bebés previa a su nacimiento

Por: Redacción ECIJA Costa Rica.

Costa Rica dio un paso decisivo para reducir la institucionalización de recién nacidos al reglamentar la Ley de Acogimiento Prenatal, una normativa que permite iniciar procesos de adopción desde el embarazo, cuando una mujer gestante decide, de manera libre e informada, no ejercer la parentalidad después del nacimiento.

Con la publicación del reglamento en La Gaceta el pasado 7 de enero, se establece por primera vez un procedimiento claro que hace posible que el acompañamiento institucional comience antes del nacimiento, de modo que el niño o niña pueda ser integrado a una familia idónea desde sus primeros días de vida, evitando su ingreso a centros de atención institucional.

“La gran novedad de esta regulación es que traslada el foco al momento previo al nacimiento. Ya no se trata de reaccionar después del nacimiento, sino de preparar el proceso con antelación para que el bebé pueda crecer en familia desde el inicio”, explica Mario Umaña, especialista en Derecho de Familia de Écija Costa Rica.

El reglamento establece que la mujer gestante puede manifestar su decisión durante el embarazo y recibir información clara, completa y acompañamiento psicológico, social y legal en todo el proceso. La familia de origen -nuclear o extensa- sigue siendo la primera opción de protección; sin embargo, cuando esta no es viable, se habilita la ubicación temprana del recién nacido en una familia previamente evaluada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

“La norma refuerza algo fundamental: la decisión es siempre voluntaria y respetuosa de los derechos de la mujer. Existe un período de reflexión y la posibilidad de retractarse después del nacimiento, lo que garantiza un proceso humano y seguro para todas las partes”, señala Umaña.

El reglamento también fija plazos claros para evitar demoras innecesarias y define el rol de los centros de salud públicos y privados, que deben orientar a la mujer gestante y comunicar oportunamente los casos a las autoridades competentes. Asimismo, refuerza la prohibición absoluta de cualquier forma de intermediación ilegal.

Desde una perspectiva de política pública, la normativa busca romper con el ciclo de institucionalización temprana, permitiendo que los niños y niñas que no permanecerán con su familia biológica puedan integrarse a un entorno familiar desde el primer momento.

“Esta regulación no solo aporta seguridad jurídica; tiene un impacto social profundo. Le da a muchos niños la posibilidad de empezar su vida en una familia, y no en una institución”, concluye Umaña.